El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite una demanda de tres funcionarios del Ayuntamiento en protección de sus derechos fundamentales. Los hechos denunciados se refieren al procedimiento de libre designación llevado a cabo recientemente por el Gobierno local, en el que participaron los citados funcionarios, sin que se les adjudicase ninguno de los puestos a los que concurrieron, aunque, por el contrario -según consta en la denuncia-, fueron adjudicados a contratados laborales, nombrándoles, según exponen, directores de servicios -máximo rango en la organización municipal actual- y dejando a los tres funcionarios en puestos base, que es el mínimo rango.
Como consecuencia de ello, los citados funcionarios reaccionaron presentando el pasado mes de mayo una demanda por protección de derechos fundamentales ante el Juzgado Contencioso Administrativo, al considerar que se había lesionado el derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución, que protege la carrera profesional de los funcionarios ante situaciones como ésta, en la que los funcionarios han sido relegados por contratados laborales que no accedieron al Ayuntamiento por los principios de mérito y capacidad, según argumentan en su denuncia.
El Ayuntamiento, por su parte, que ha contratado los servicios del bufete de Sagardoy para responder ante la citada denuncia, presentó ante el Juzgado una solicitud de inadmisión de la demanda justificada en la pretensión de que no se daba el supuesto de derecho fundamental alguno, celebrándose una vista el viernes de la pasada semana que ha dado como resultado un auto según el cual el juez  rechaza el planteamiento del Ayuntamiento y admite la demanda de los tres funcionarios municipales, considerando que se da el supuesto de derecho fundamental.
Al respecto de la citada admisión, hay que destacar que este procedimiento judicial, al proteger presuntas lesiones de derechos fundamentales, es “sumarísimo”, por lo que, según fuentes consultadas, en pocos meses se emitirá la sentencia, que de ser favorable a los demandantes anulará los nombramientos de los contratados laborales.