La Comisión Europea ha asegurado este martes que no ha detectado ninguna infracción al Derecho comunitario medioambiental por el funcionamiento de la refinería de petróleo de Cepsa Gibraltar-San Roque. Bruselas justifica su respuesta porque a pesar de admitir "ciertas deficiencias" detectadas en su funcionamiento, la empresa ya está haciendo inversiones para "mejorar o minimizar" la contaminación en la zona.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener no obstante "abierta" la denuncia presentada por el ciudadano español Juan Antonio Carrasco Rangel, en nombre de la Plataforma por el Estudio Epidemiológico en el Campo de Gibraltar y en Gibraltar, que reclama la realización de este estudio conjunto, y por la ciudadana británica Justine Olivero que ha denunciado el reciente aumento de casos de cáncer en la región, respaldada con 237 firmas de vecinos de la zona.

En su denuncia, los peticionarios aseguran que "los numerosos casos de cáncer" en la zona "están relacionados" con las actividades de la refinería de Petrólero de Cepsa en San Roque y de la industria pesada en la zona y piden que se realice un estudio epidemiológico conjunto de los habitantes del Campo de Gibraltar y del Peñón.

Aunque la Comisión Europea ya abrió una investigación sobre el caso para determinar si su actividad contraviene la aplicación de la directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, el Ejecutivo comunitario ha dejado claro este martes que la empresa petrolera está tomando "medidas para remediar la situación" y "está invirtiendo en mejoras para la instalación" con el objetivo de "impedir o minimizar la contaminación", en línea con lo que exige la directiva.

"Y hay más inversiones previstas en los próximos años", ha insistido un portavoz de la Comisión durante el debate de la denuncia en la que ha reconocido sin embargo "ciertas deficiencias" en el funcionamiento de la planta de Cepsa, ha explicado un representante de la comisión.

"Está claro que el operador ha actuado para atajar los problemas de suministro eléctrico que previamente han llevado a elevados niveles de contaminación de la instalación. En base a estos hechos, la comisión considera que no puede identificar una violación del derecho de la UE", ha sostenido.

A pesar de que hasta ahora el Ejecutivo comunitario no ha detectado ninguna violación del derecho comunitario por este caso, Bruselas sigue a la espera de recibir el informe de auditoría definitivo encargado por la Junta de Andalucía sobre la aplicación de las normas de emisión de la citada refinería.

En cualquier caso, el presidente en funciones de la Comisión de Peticiones, el eurodiputado Willy Meyer, ha confirmado este martes que la Eurocámara mantendrá "abierta" la denuncia de los ciudadanos "a la espera de que la respuesta" de los Gobiernos de España y Gibraltar a los que la Eurocámara instó el pasado mes de abril a realizar un estudio epidemiológico conjunto a los habitantes de la zona.

Meyer recordó que la comisión parlamentaria, que ya debatió esta denuncia ciudadana en abril de 2010, envió una carta a los Gobiernos español y gibraltareño recomendándoles realizar dicho estudio "de forma coordinada", aunque a fecha de ayer ninguno de los Gobierno ha dado respuesta a esta petición.