Vecinos de la barriada de La Asunción plantean judicializar el conflicto de las obras de sus viviendas. Así lo plantearon esta semana en una reunión tras mantener los primeros contactos con un bufete de abogados y no descartan dirigir sus denuncias a la dirección facultativa de la obra, a la Junta de Andalucía, a las empresas constructoras e incluso Ayuntamiento.
Aun así, este planteamiento es inicial, señala Rafael Calvente, uno de los vecinos afectados, a INFORMACIÓN. El principal problema con el que se encuentran es el económico. “Hay bloques prácticamente terminados y ya esta situación no les afecta, pero hay otros que apenas los han tocado y habría que ver cómo se paga a un abogado. Hablamos de un coste importante”.
Esta reunión la mantuvieron sin la presencia del presidente de la asociación vecinal, Ildefonso Tenorio, con quien este medio se ha intentado poner en contacto en vano. Calvente lamenta que Tenorio lleva meses incumpliendo los estatutos de la asociación de vecinos porque, entre otras cosas, no presenta las cuentas desde hace más de cuatro años. Esto además provoca que en la barriada no puedan hacer más fuerza e ir todos a una para intentar encontrar una solución que vaya mano a mano con las administraciones.
Como se recordará, las obras de rehabilitación de La Asunción comenzaron en 2021 tras un convenio que firmaron Ayuntamiento y Junta al ser declarada esta zona de Jerez como Área de Rehabilitación Integral (ARI). En cuanto a las subvenciones, proceden de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), procedentes de Europa, por lo que sus importes, cerrados, no pueden variar. En total, 5,9 millones para unas obras de las que se beneficiarían 93 bloques y 608 vecinos. Sin embargo, y como es sabido, las obras han ido sufriendo distintas paralizaciones y retrasos, provocados en parte por el incremento del precio de los materiales derivados de la guerra en Ucrania. Hasta siete constructoras han pasado por La Asunción y las últimas en hacerlo también denuncian que no cobran sus facturas porque la Junta achaca que no ha recibido de vecinos y dirección facultativa los documentos necesarios para gestionar sus expedientes.
Ante tal cóctel molotov, lo único que saben los vecinos es que ellos son los principales afectados, porque muchos de los bloques están a medio arreglar y sobre todo, lo que más les preocupa, es que si los trabajos no acaban en este 2023 tendrán que devolver el 50 por ciento de la subvención, añadiéndoles intereses, algo que está generando una gran intranquilidad. “Esto está afectando a la salud mental de muchos vecinos, porque imagina que tuviéramos que devolver unos 10.000 euros por vivienda. Hablamos de que aquí la mayoría tiene sueldos mileuristas. Tendrían que embargar a La Asunción casi entera”, alerta Rafael Calvente.
Fin al voto de confianza a las constructoras
El pasado 23 de junio, vecinos afectados y las empresas constructoras que se encargan de las obras de rehabilitación de la barriada llegaron a un acuerdo tras un comunicado de las segundas denunciando que ellas eran las primeras afectadas al no estar cobrando. En ese momento los vecinos afirmaron que les dieron “un voto de confianza” al entender que ambas partes eran víctimas de una “desinformación generalizada”. Es más, las constructoras llegaron a comprometerse con los vecinos a que los bloques se terminarían en tiempo y forma, así como un compromiso explícito y un acuerdo que iban a suscribir entre las empresas y la dirección facultativa que habían contratado, señalaban en un comunicado.
Sin embargo, a punto de finalizar el mes de agosto, y viendo que ninguna de estas promesas se están cumpliendo, al contrario, el tiempo sigue pasando y yendo en contra de los intereses vecinales, éstos han decidido poner fin a ese “voto de confianza”. Como ya está dicho, los vecinos, en caso de tomar finalmente acciones legales, también tienen previsto dirigir sus denuncias a estas empresas.
