El sindicato de enseñanza Ustea reclama a la Delegación territorial de Educación de la Junta en Cádiz que pemita a las familias de acogida de los niños y niñas ucranianos matricularlos en los mismos centros en los que están sus hijos. Tal y como exponen desde esta organización, en un aspecto "tan vital" como la escolarización de los niños y niñas ucranianos que son acogidos por familias gaditanas, la solidaridad de la Delegación de Educación "en entredicho". Por esta razón exigen al delegado provincial de Educación, Miguel Andreu, que se deje de “trucos legales” y permita a las familias de acogida de estos niños y niñas ucranianos matricularlos en los mismos centros que están sus hijos.
El propio sindicato asistió la semana pasada a una concentración de varias familias de acogida ante las puertas de la Delegación de Educación en Cádiz. En una reunión con Planificación se nos informó de que aproximadamente 200 alumnos ucranianos ya están escolarizados en la provincia. En la práctica, se les está tratando como alumnado migrante y no como alumnado de familias de acogida porque muchos están con familiares.
Es evidente, continúa el sindicato, que cualquier guerra genera multitud de daños colaterales y consecuencias que son difíciles de asimilar y superar. En Ucrania la invasión ha afectado a niños y niñas que se han encontrado con experiencias traumáticas y dolorosas como la muerte de familiares, la destrucción y el abandono de sus hogares y por supuesto la interrupción de su proceso de escolarización. Miles de niños y niñas afectados al salir de su país han sido acogidos en distintos países y localidades y en la provincia de Cádiz alrededor de 200 menores han tenido la oportunidad de encontrar familias de acogida que están intentando que la separación de los miembros de su familia sea lo menos traumática posible y se puedan adaptar a su nuevo hogar, a su nuevo centro educativo y a las nuevas personas que conformarán sus relaciones diarias.
En su nuevo día a día, prosigue Ustea, una de las dificultades que viven es integrarse en un nuevo centro educativo donde además de adaptarse a un nuevo sistema encuentran la barrera del idioma que dificulta esa integración; para que emocionalmente esto niños se adapten lo mejor posible y para facilitar que sus familias de acogida puedan conciliar lo mejor posible su vida laboral y familiar, lo ideal es que este alumnado se escolarice en los mismo centros en los que ya están escolarizados los hijos de las familias que los acogen; para que esto pueda ser posible, nuestra máxima norma educativa, la LOMLOE, contempla en el art.87.2 que las administraciones autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.
Sin embargo, denuncia el sindicato, para no tener en cuenta esta normativa y el interés superior del menor el delegado de Educación Miguel Andreu, el Jefe de Planificación Joaquín Mateo y el responsable de Inspección Educativa, José María González, miran para otro lado, no consideran a estos niños como alumnado de acogida ya que el proceso, como no podía ser de otra forma, se ha realizado de forma exprés y no siguiendo todos los pasos marcados por la burocracia, mostrando una vez más que para ellos los alumnos son números y no personas con sentimientos y con circunstancias que se deben tener en cuenta.
"Parecen ignorar que en este caso debe primar el interés superior del menor siguiendo la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, ya que esta normativa prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas".
Las familias de acogida piden por sensibilidad y humanidad que reconsideren la situación de escolarizar a los niños de acogida en centros diferentes a las de “sus nuevos familiares”, son niños que vienen directamente de sufrir una invasión y una guerra; esto debería ser suficiente para hacer a estos niños un hueco en las aulas en las que están los hijos de sus familias de acogida. La normativa contempla que se pueda subir la ratio de forma excepcional para estos casos hasta en 3 alumnos por aula, pero además desde USTEA les exigimos, conociendo la escasa sensibilidad en otros casos de los responsables de la Delegación de Educación, que en base a la Convención sobre los derechos del niño y lo ya establecido por nuestro Tribunal Constitucional en sentencia firme, “El interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores” aplique la normativa y la razón y permitan que en los escasos dos meses de curso que quedan, estos niños puedan estar en los mismo centros y a ser posible, si por edad se puede, que en las mismas aulas que los demás niños de sus familias de acogida.
Nuestra tierra y sus gentes siempre han destacado por su solidaridad con los demás y nuestros representantes deberían dar ejemplo y facilitar que tanto a las familias de acogida como al nuevo alumnado que se incorpora, procedente de Ucrania, les resulte el proceso lo más cómodo posible. Tenemos que hacer lo posible para que se sientan acogidos entre nosotros y apoyados en un momento así.
Los docentes, sigue el comunicado, sabemos adaptarnos a circunstancias anómalas como ésta, luchamos día a día por una escuela integradora e inclusiva, a pesar de las carencias de nuestro sistema educativo; los docentes andaluces están preparados para atender al alumnado que se incorpora una vez empezado el curso e, incluso, si desconoce nuestro idioma, como ocurre con el alumnado ucraniano.
Por tanto, le piden los responsables educativos, que se dejen de “trucos” y que la misma humanidad y sensibilidad que tenemos los docentes con el alumnado la tengan ellos también con el mismo y sus familias y reconsideren las decisiones tomadas respecto a su escolarización. Además, este criterio debe aplicarse a todo el alumnado que se encuentre en igual o similar situación, venga de donde venga.
