Cáritas Diocesana urge la puesta en marcha de políticas encaminadas a recuperar los “derechos perdidos” como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19, que ha supuesto “un shock sin precedentes” para las familias que ya sufrían la exclusión social.

La ONG de la Iglesia Católica ha presentado hoy en Jerez un informe elaborado por la Fundación Foessa sobre las consecuencias de esta crisis sanitaria en Andalucía.

La principal conclusión de este estudio es que “el tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”, según ha explicado Thomas Ubrich, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y del Comité técnico de la Fundación Foessa.

Así, ahora apenas el 42 por ciento de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad, algo más de siete puntos por debajo del dato correspondiente al ejercicio 2018.

La exclusión en Andalucía ha aumentado “más de un 36 por ciento”, lo que supone que algo más de 2,2 millones de personas se encuentran ya en esta situación.

De ellas, la mitad padece una situación de exclusión severa y casi 475.000 personas forman parte ya de lo que se considera “sociedad expulsada”.

En estos dos años se ha evidenciado la existencia de una brecha digital que afecta a tres de cada diez hogares andaluces y a casi la mitad de las familias en exclusión.

Este “apagón digital” conlleva “pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales”, afectando en mayor medida precisamente a las personas que más necesidad tienen de acceder a esas oportunidades.

La exclusión afecta en mayor medida a los hogares que tienen como referencia económica a una mujer (37 por ciento frente a 22 por ciento). Además, el 72 por ciento de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero está en exclusión.

Los jóvenes son otros damnificados de esta crisis, ya que uno de cada cuatro menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que limitan el desarrollo personal.

El estudio revela que la consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, alcanzando a un mercado de trabajo con importantes tensiones que han derivado en la destrucción de empleo y la paralización de dinámicas laborales.

Además del empleo, la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en Andalucía. El 14,7 por ciento de los hogares no puede acceder a medicamentos o tratamientos por problemas económicos; mientras que el 12,4 por ciento queda en situación de “pobreza severa” una vez que pagan sus alquileres o hipotecas.

Cáritas plantea la “urgente necesidad de activar políticas que permitan recuperar los derechos perdidos de miles de andaluces” en estos dos últimos años, “sobre todo de aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis”, advirtiendo de que “los periodos de bonanza económica” no logran recuperar a todas las familias que caen en esta situación.