Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén dieron ayer un nuevo empujón conjunto para la puesta en marcha del tranvía de Jaén, paralizado desde 2011. La reunión que el alcalde, Javier Márquez (acompañado del edil de Hacienda, Manuel Bonilla), mantuvo con los consejeros de Fomento, Felipe López, y Hacienda, María Jesús Montero, no arrojó ningún acuerdo definitivo, pero sí sirvió para destensar las frías relaciones instituciones de las últimas semanas. A su término (no hubo foto conjunta), las dos partes mostraron, a través de una nota, “su voluntad y compromiso para reactivar este modo de transporte y contribuir con sus aportaciones a que este objetivo compartido sea posible próximamente”. El encuentro, que se prolongó durante más de dos horas y media en la Delegación del Gobierno de la Junta, no estuvo exenta de tensión en algunos momentos, pero finalmente las dos partes acordaron mantener vivo el diálogo y seguir avanzando en el objetivo común de activar el tranvía. Así, se acordó retomar los trabajos y reuniones de la comisión técnica Junta-Consistorio con vistas a avanzar en estas tareas previas y necesarias para el funcionamiento del tranvía, que no ha circulado, más allá de en pruebas. También se estudió el convenio de colaboración que ambas administraciones deberán suscribir para su entrada en servicio, que recoge la propuesta realizada por el Gobierno andaluz de colaborar económicamente con el Ayuntamiento para apoyarle en su puesta en funcionamiento y en el sostenimiento financiero del servicio. Dicho convenio contempla que la Junta asumirá hasta el 40% del déficit de explotación estimado, al que se suma el apoyo de la Diputación de Jaén, que tiene previsto aportar otro 20% de la citada financiación. El Ayuntamiento de Jaén pagaría el restante 40% en caso de llegar a un acuerdo definitivo para la puesta en marcha y explotación del sistema tranviario. Un déficit de explotación que podría aminorarse si, como se quiere, la futura empresa concesionaria, se hace cargo del coste para adecuar el sistema tranviario después de seis años abandonado, un coste que se ha estimado en algo más de dos millones de euros.