El administrador de Podemos en 2019 declara ante el juez por contrato electoral

El juez que investiga la gestión de Podemos tomará declaración la próxima semana como imputado a Carlos García Ramos, administrador general de la coalición Unidas Podemos para las elecciones de 2019, por las posibles irregularidades en los pagos efectuados a la empresa Neurona.

El magistrado Juan José Escalonilla imputó a García Ramos en un auto del pasado 20 de octubre, el mismo día que archivó la causa por presunta administración desleal de la denominada Caja de Solidaridad de Podemos, atribuida al diputado y portavoz Rafael Mayoral por el exabogado de la formación José Manuel Calvente.

En el auto en el que imputa a Carlos García Ramos el magistrado explica que él y Daniel de Frutos Ramírez fueron designados ante la Junta Electoral Central como administradores generales con carácter mancomunado por la coalición electoral Unidas Podemos, constituida para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Así abrieron dos cuentas de la coalición, y desde una de ellas se pagaron, mediante tres transferencias, los 363.000 euros del contrato firmado entre Neurona y Podemos, detalla el auto.

El magistrado recuerda que "existen indicios racionales" de que los pagos efectuados por Podemos a la empresa Neurona "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y calificable como gasto electoral".

Por lo tanto considera que esa "distracción de dinero" puede suponer un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas.

Así cita a Carlos García Ramos como investigado para el viernes 13.

El magistrado que investiga la gestión de Podemos también archivó en octubre la parte de la causa relativa a los contratos con la consultora ABD Europa.

La última declaración en este procedimiento ha sido la de la exabogada de Podemos Mónica Carmona, que compareció como testigo el pasado día 28 y ratificó las presuntas irregularidades en el partido que también denunció su excompañero José Manuel Calvente.

Carmona explicó que advirtió a la cúpula de Podemos, incluido Pablo Iglesias, de que iban a cesarla por su investigación pero no recibió respuesta.

Por su parte, la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que solicitó la personación en la causa al considerarse afectada al haber donado dinero a Podemos y dudar de su destino, recurrió el archivo de la parte de la Caja de Solidaridad.

Cánovas no fue aceptada como parte pero ha recurrido esta decisión ante el juez.