Alcaldes de todos los colores políticos, también algunos del PSOE, temen que la oferta de Hacienda para mejorar la liquidez de los ayuntamientos se quede en un "decreto de mínimos" que perpetúe los problemas de las entidades locales, y advierten de la importancia de estar presentes en la negociación.

Aunque la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -formada por PSOE, PP, IU-Podemos, Cs y PdeCat- solicitó esta semana estar en la mesa de negociación al objeto de que se incluyera en el nuevo decreto anunciado por el Gobierno un fondo para el transporte público, muy afectado por la pandemia, nadie les ha llamado y Hacienda ha priorizado la negociación con el arco parlamentario.

A contrarreloj negocia el Gobierno con los grupos parlamentarios consciente de que esta "segunda oportunidad" para mejorar la solvencia de los ayuntamientos no puede ser un fracaso como el vivido a primeros de septiembre cuando el Congreso rechazó por amplia mayoría un primer decreto que, entre otras cosas, repartía 5.000 millones entre los ayuntamientos que previamente hubieran transferido sus remanentes al Estado, y que recuperarían en 15 años.

Esta fórmula, tildada de "imaginativa" por la ministra María Jesús Montero, se justificaba para salvar la legislación actual, que impide a los ayuntamientos usar sus remanentes de Tesorería.

Sin embargo, el reparto condicionado de los 5.000 millones (que dejaba fuera a los ayuntamientos sin ahorros) fue el origen de la discordia y rompió el tradicional consenso de la FEMP que se preciaba de pactar todos sus acuerdos.

DESDE EL PP: UN DECRETO "ESCUÁLIDO"

Para el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, si finalmente Hacienda opta por aprobar "lo mínimo" se estaría ante un decreto "escuálido" que sólo recoge "aquello en lo que todos estamos de acuerdo", y que se resume en la suspensión de la regla de gasto en 2020 y la recuperación de medidas de alivio financiero. Todo ello supondría un impacto de 3.000 millones de euros.

"Se nos sigue sin tomar en serio", ha lamentado este portavoz, que este mes de agosto lideró la denominada "rebelión de alcaldes" que visibilizó el amplio rechazo a ese primer decreto.

En declaraciones a EFE, Azcón subraya que el "lío está en los remanentes" y lo que defiende su partido es que se apruebe el decreto exprés con fondo de transportes incluido, y lo otro se negocie a posteriori.

Pero en la negociación, el PP exige que esté toda la representación de la Junta de Portavoces, no como en el anterior decreto cuando las reuniones eran sólo con el PSOE.

DESCONTENTO EN LAS FILAS SOCIALISTAS

Desde el PSOE, fuentes socialistas han asegurado a EFE que también se percibe descontento entre sus filas y avisan de que la ministra de Hacienda no está por la labor de incluir en el nuevo decreto medidas vitales para los ayuntamientos como el fondo de transportes, cifrado en un tope de 400 millones.

Por ello y según estas fuentes, no se entiende que la nueva oferta se venda desde el Gobierno como un avance cuando lo que hace es retraer aquello en lo que no hubo consenso, como todas las medidas relativas a los remanentes.

Además, el decreto llega en septiembre y deja a los ayuntamientos sin plazo para invertir antes de fin de año.

IU-PODEMOS: NOS DEJAREMOS LA PIEL PARA QUE EL DECRETO SE AMPLÍE

Para el Grupo municipalista de IU-Podemos en la FEMP y el responsable de IU, Daniel González, el nuevo texto es insuficiente por lo que pide que se amplíe con el fondo de transportes, otro extraordinario y se dé participación en los fondos europeos.

González recuerda a EFE que aplicar la suspensión de la regla de gasto en 2020 "sirve para poco cuanto quedan 4 meses para que el año finalice".

No desvela cuál será el voto de su formación pero sí dice que se "dejarán la piel" para que el texto recoja sus propuestas.

Este responsable reprocha al Gobierno que juegue "a la confusión" cuando dota al nuevo decreto de 3.000 millones. "No hay 3.000 millones sobre la mesa si no que las medidas que se apliquen tendrán ese impacto".

ALCALDE DE ERC: SI NO HAY FONDO DE TRANSPORTES, NO APOYAREMOS

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), uno de los 31 alcaldes que firmaron el manifiesto contra el primer acuerdo de Hacienda, recuerda que en toda la crisis los ayuntamientos no han visto "ni un euro del Estado" a diferencia de las comunidades por lo que insta al Gobierno a no desentenderse de las entidades locales.

"Si el nuevo decreto no incorpora el déficit en transporte o un modelo de reparto del dinero por población, número de ERTES o afectados del Covid, el resultado será el mismo o peor y pediré a mi grupo que no brinde su apoyo", asegura a EFE.

Cs INSTA AL GOBIERNO A CERRAR LAS HERIDAS EN LA FEMP

En la misma línea, el alcalde de Granada, Luis Salvador, representante de Cs en la FEMP, sostiene que si el fondo de transportes entrara en el decreto sería un indicio de que el Gobierno quiere cerrar las heridas y contribuir a la unidad porque es una petición de consenso.

Salvador confía en que esto ocurra y lo argumenta en el hecho de que esta semana se trasladó la petición al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se mostró receptivo y se comprometió a dar parte de ello a la ministra.

Para este alcalde es importante cerrar brechas y trabajar por el concepto de unidad, por el bien del municipalismo.