El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antoni Serrano-Artal, ha citado el próximo jueves al responsable de la empresa Albisa S.L. Y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato que fue detenido este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de de Madrid por cuando intentaba abandonar viajar a Méjico, han informado fuentes jurídicas. El juez del caso ratificará previsiblemente la medida de prisión dictada contra él.
La Guardia Civil, que investiga el presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en las diligencias seguidas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, llevó al detenido al juzgado de guardia, el de Instrucción número 10, que decretó su ingreso en prisión y que a continuación le puso a disposición del juez que sigue el caso.
Este jueves el empresario, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente pero que según algunos medios de comunicación sería Alberto Portuondo Coll, será llevado de nuevo a las dependencias de Plaza de Castilla para que el juez del caso ratifique la orden de prisión.
Entretanto, y a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre la inhibición planteada por Serrano-Artal el juzgado continúa la investigación del procedimiento, según las mismas fuentes. La causa respecto a la detención del empresario mejicano está bajo secreto de sumario.
El juez de guardia acordó el pasado domingo el ingreso en prisión provisional de un responsable de la empresa Albisa S.L. en el marco de las diligencias seguidas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por los delitos de fraude y blanqueo.
La citada empresa habría actuado como "empresa pantalla" para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia, según la información publicada en su día por el diario El Mundo. El dinero habría ido a parar a la citada empresa bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.
El juez acordó la medida cautelar este domingo a petición de a Fiscalía de Madrid, en funciones de guardia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y supone también la retirada del pasaporte para el empresario. La decisión del fiscal, según informó en una nota la Fiscalía General del Estado, se apoya en el riesgo de destrucción de pruebas y en elevado riesgo de fuga del empresario.
La prisión preventiva se acordó dos días después de que una copia de la causa abierta al exvicepresidente del PP haya llegado ya a la Audiencia Nacional, concretamente al Juzgado de Fernando Andreu, que ya le investiga por los casos "Bankia" y "tarjetas black" y que ahora deberá decidir si lo asume.
El juez Andreu, actualmente de vacaciones, puede devolver el caso a reparto si no aprecia dicha conexión o bien asumirlo. Si vuelve a reparto será asignado de forma aleatoria a alguno de los seis juzgados centrales de instrucción, incluido el suyo.
INVESTIGACIÓN A RATO
Anticorrupción le había pedido que la causa contra Rato y su asesor fiscal Domingo Plazas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales sea llevada por la audiencia al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero, concretamente blanqueo de capitales relacionados con la inversión en un hotel de Berlín.
En su escrito, Anticorrupción señalaba que, como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado -un día antes de ser citado Rato a declarar, si bien se negó a hacerlo-, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.
Considera la Fiscalía, y el juez Serrano-Artal ha aceptado, que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato. Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.
