El asunto de la viviedas, al parecer, tampoco ha encontrado una vía positiva en el actual Ayuntamiento, que ve peligrar la supervivencia de otra empresa municipal a la que no parece saber reconducir tras los avatares pasados.
El equipo de Gobierno ha convocado este viernes a los partidos de la oposición para tratar la supervivencia de la empresa municipal de Suelo y Vivienda, lastrada económicamente desde hace años y que estos días tiene que hacer frente a varias sentencias judiciales que pueden suponer un desembolso económico por parte de Suvipuerto de entorno a los 500.000 euros.
Las sentencias se deben a “vicios ocultos y defectos de construcción” en las promociones de viviendas ejecutadas durante los años 2004-2006 y que fueron denunciados por los propietarios a los que ahora la justicia da la razón tras varios años reclamando.
Ante esta situación, el Gobierno encara posibles vías de solución “con la prioridad de mantener el fin social de las viviendas municipales y los puestos de trabajo de la plantilla”, según la presidenta de Suvipuerto y concejal de Vivienda, Matilde Roselló, y por otro lado "decidir cómo y cuándo liquidar definitivamente la empresa".
Al respecto, el primer teniente de alcalde, Antonio Fernández, lamentaba durante la reunión que “estos 500.000 euros suponen la puntilla a una empresa municipal que ha pasado de tener un volumen de negocio de 8 millones de euros a convertirse en un enfermo en coma al que nos vemos obligados a desenchufar”.
El alcalde, David de la Encina recuerda, en este sentido, que los pleitos comenzaron en el periodo que va desde 2010 hasta 2014, momentos en los que la Tesorería de Suvipuerto podía haber alcanzado acuerdos mucho más satisfactorios pero que “nunca llegaron por la desastrosa gestión política y técnica de los gobiernos anteriores del PP y PA que por aquel entonces decidieron dar una patada hacia delante”.
El alcalde continúa lamentando que “la incompetencia del PP-PA supuso convertir un problema que entonces tenía solución en un asunto que amenaza ahora el futuro de la empresa a corto plazo”.
Poner estas soluciones sobre la mesa “no es una decisión fácil ni grata, pero lo hacemos porque tenemos compromiso con la ciudad y somos conscientes de la realidad social de las personas que viven en el parque público y porque consideramos que las empresas municipales deben ser un medio para mejorar El Puerto y no un instrumento de propaganda ni autobombo o especulación”.
El alcalde ha lamentado así que “ahora le toca a este gobierno asumir los errores del pasado”, al tiempo que ha querido dejar claro que la preocupación fundamental del gobierno es la estabilidad del parque público de viviendas. “Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que sean los vecinos de las viviendas municipales quienes paguen la nefasta gestión de IP, PP y PA”, ha concluido el primer edil.
