La Junta de Andalucía, que está personada en el caso de las 'mordidas' de la Fundación Guadalquivir Futuro, está "a la espera de recibir la noticifación" judicial, con la calificación provisional ya emitida por la Fiscalía y también por la acusación particular, al objeto de estudiarlas y entonces elaborar su propia calificación.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, que, según han precisado, aún no ha determinado cuál será su posición, por lo que se refiere a las conclusiones provicionales que adopte al concluir la fase de instrucción de este procedimiento, respecto al que el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba dictó auto de procedimiento abreviado.
En concreto, dicho juzgado, que ha investigado el presunto uso indebido de subvenciones públicas por la Fundación Guadalquivir Futuro, la Asociación Jóvenes hacia el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, acordó el pasado julio que se procese, por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y dos de fraude de subvenciones, a los principales representantes de dichas organizaciones; en concreto a Ángeles Muñoz, a su hijo Cristian Menacho, y a José Antonio González.
La Fiscalía, ante ello, ha pedido sendas penas de nueve años y siete meses de prisión para los tres procesados. Por el primer delito pide para cada uno de los acusados tres años y siete meses de cárcel y multas de 5.400 euros, mientras que por cada delito de fraude de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas pide penas de tres años de prisión y multas de 300.000 euros, con una sanción de un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos.
Asimismo, la Fiscalía ha planteado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante cuatro años.
Por su parte, la acusación particular considera que el delito de contra los derechos de los trabajadores debe tener una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los tres directivos de las entidades, mientras que por los segundos delitos solicita tres años y seis meses de prisión.
Igualmente, la acusación particular ha pedido por el delito contra los derechos de los trabajadores una multa de diez meses a razón de 30 euros al día, una cifra de 9.000 euros. Y por cada uno de los delitos de fraude, reclama una sanción del triple de la cantidad defraudada.
Entre algunos importes, las donaciones voluntarias comprometidas por los trabajadores contratados por la Asociación Jóvenes Hacia el Futuro ascienden a 11.000 euros, de los que se llegaron a entregar por parte de los empleados un total de 6.509 euros.
En este caso, la Junta ya sancionó a la entidad con 46.000 euros, obligó a devolver 300.000 euros y estar cinco años sin recibir ayudas públicas, periodo que cumple en el año 2021. Ese régimen administrativo solo vincula a las solicitudes de la propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que emitió la sanción.
