La delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado este lunes que la Renta Mínima de Inserción Social "va a beneficiar cada año a 5.823 unidades familiares" de la provincia cordobesa, de modo que "dará cobertura a unas 15.500 personas", según las primeras estimaciones.
Así lo ha detallado, durante su intervención en la apertura de una jornada formativa sobre la puesta en marcha del decreto-ley que establece en Andalucía la citada Renta Mínima, con la participación también de la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez; la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, y el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona.
Esta jornada está a dirigida a profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y personal de las Delegaciones territoriales de Igualdad y Salud y, en este contexto, la delegada ha mostrado su reconocimiento a los profesionales "que van a ser los artífices de la aplicación de este decreto-ley".
Como ha indicado la delegada, "hablamos de datos que son solo una estimación, ya que la Renta Mínima de Inserción Social nace como ley con carácter subjetivo, es decir, todas las personas que cumplan con los requisitos tendrán derecho a recibirla".
Ruiz ha explicado que "esta nueva prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central". Durante su intervención, Ruiz ha asegurado que "hemos pasado de una crisis económica, que se ha cebado con las personas más débiles, a una recuperación económica que no puede olvidar a las más débiles. Algo que desde Andalucía no vamos a permitir".
Para finalizar, Ruiz, ha señalado que "el Gobierno andaluz mantiene una línea política que defiende con hechos: como es el caso de este decreto-ley, que viene a paliar situaciones de vulnerabilidad de muchas familias en las que hay que volcar todo nuestro esfuerzo y recursos, para que puedan revertir esa situación y encontrar un futuro digno y con garantías".
Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante diseñarán un plan de inclusión sociolaboral personalizado, que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.
Este documento, según ha indicado Gálvez, "deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, y deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres".
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.
"Otra de las novedades --ha proseguido-- es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario".
La secretaria general de Servicios Sociales ha señalado que se trata de un nuevo derecho subjetivo, garantizado legalmente, que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza.
En cualquier caso, ha opinado que "es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo, ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central".
Por otro lado, Purificación Gálvez ha subrayado que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias", frente a los seis del actual Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
Además, "los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años, siempre que concurran circunstancias excepcionales".
Durante su intervención, la secretaria general ha indicado que "el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad".
Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud, y que la persona solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo".
El decreto-ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA, y otras entidades, como Cepes y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
