El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha informado este miércoles de que ha mantenido un encuentro con la familia de Soledad Donoso, la joven cordobesa cuyo cadáver fue hallado junto al río Guadalquivir en la capital hace más de 21 años, durante el que la ha animado a ir al Ministerio del Interior respecto a la situación de "una serie de detalles" sobre la investigación que no están "al alcance" del subdelegado.
Según ha explicado a los periodistas el representante del Ejecutivo central en la provincia cordobesa, la reunión se celebró la semana pasada en la Subdelegación del Gobierno con la presencia de la madre, una de las hermanas de Soledad Donoso y la abogada del caso, y en ella les transmitió su "pesar, porque ha sido una historia trágica que ha ocurrido en Córdoba, que viene desde hace mucho tiempo y la actual Comisaría de Policía Nacional ni yo estábamos cuando ocurrió", precisa.
Al respecto, explica que ellos le hicieron llegar "una serie de detalles que no están a mi alcance resolver" y los animó a que "dentro del Estado de Derecho hay unos cauces de reclamaciones y de seguir avanzando", algo en lo que les da su apoyo, además de que "por la vía legal saben los caminos que tienen que seguir", ha añadido.
De este modo, comenta que les animó a que se pusiesen "directamente en contacto" con el Ministerio del interior, puesto que, según agrega, "no tengo por que ser intermediario en esto, sino que ellos directamente desde el Estado de Derecho tienen ese mecanismo".
En concreto, la familia de Soledad Donoso ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Córdoba el archivo provisional del caso propuesto por el Juzgado de Instrucción número 7, después de que la familia haya encontrado el coche que supuestamente utilizó el único imputado en los hechos, aunque la juez considera que son "meras especulaciones", mientras que la Policía apoya la investigación en dicho sentido.
En este sentido, subrayaron recientemente que el sumario de la causa "no está cerrado", puesto que "queda camino por recorrer". Así, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno una entrevista para pedirle que inste al Ministerio del Interior para que a través de la Policía Científica se localicen "los cabellos extraviados" que estaban en el laboratorio de Policía Científica en Sevilla, o en su defecto, dicte una resolución administrativa que "deje constancia de su pérdida y depure responsabilidades administrativas de los responsables de su custodia".
Igualmente, piden que se pronuncie en los mismos términos en lo referido a la pérdida del reloj de la víctima en el año 1992 del cajón de la mesa de un agente judicial, así como el mechero decomisado en el escenario del crimen y que "no aparece en el depósito de pruebas del juzgado".
También, solicitaron a la Fiscalía Provincial una entrevista con los familiares para conocer su postura ante el recurso planteado ante la Audiencia. A tal efecto, la familia prevé organizar una manifestación ante la Audiencia cuando se conozca la fecha de deliberación sobre el recurso, con el objetivo de que las administraciones investiguen el caso "hasta sus últimos términos", así como que depuren responsabilidades de las "irregularidades" en la causa.
EL CASO
Entretanto, la familia pide que "siga la investigación", porque hay unos cinco testigos con respecto al vehículo de los hechos, marca Golf del año 1991, en el que supuestamente se montó la joven momentos antes, según han asegurado los testigos que han llevado a la Policía Nacional a investigar varios automóviles y tomar más de 20 declaraciones, sin hallar vinculación con el suceso, aunque la familia lo ha localizado tras sus gestiones y difusión en los medios desde abril del año pasado.
Además, se ha investigado la llamada en la que se informaba sobre la supuesta implicación de determinados agentes policiales en un posible encubrimiento de pruebas que apuntaban a R.C.G., imputado en el crimen de la joven, pero sin resultados, al tiempo que recuerdan que el encausado es sobrino de un policía que en esa época estaba en activo.
En concreto, una persona llamó desde una cabina a un teléfono habilitado por la familia para recoger pistas. En esa llamada --efectuada en abril del año pasado-- aportó nombres, apellidos y datos policiales de los agentes que pudieran estar implicados. "Ellos se encargaron de hacerlo desaparecer todo", según figura en la transcripción que obra en poder del juzgado, si bien comentan que les han explicado que las responsabilidades de los policías en caso de que las hubiera "estarían extinguidas".
Y sobre los restos de cabello que se encontraron en la escena y que se remitieron a la Policía Científica en Sevilla tras producirse el suceso y "el Juzgado dio orden expresa de que no se destruyeran porque era un caso sin resolver", el criminólogo del caso, Félix Ríos, ya detalló el pasado septiembre que "cuando se reabrió el procedimiento", en 2012, "la jueza ordenó al laboratorio de Sevilla que localizara los restos y extrajera ADN, pero la respuesta del laboratorio es que han pasado 20 años, que se habían mudado y no saben dónde están".
Cabe destacar que R.C.G., que no fue interrogado en su día ni por la Policía Nacional ni por el juzgado, declaró ante la jueza en abril del año pasado y negó cualquier tipo de implicación en el caso.
Soledad Donoso Toscano, de 18 años, salió de su casa en la plaza de San Pedro para ir a trabajar a una pizzería de la avenida de Barcelona en la tarde del 28 de septiembre de 1992, pero nunca llegó a su destino. Su cuerpo se encontró 14 días después en El Arenal, en proceso de descomposición, después de que un paseante avisara al 091.
