La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rafaela Obrero, ha criticado este jueves que la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "no se compromete a pagar la deuda social que mantiene con la provincia de Córdoba".
Así lo ha manifestado, en un comunicado, la diputada autonómica tras preguntar a Montero, en la Comisión de Bienestar Social celebrada este miércoles en el Parlamento andaluz, "sobre la deuda que tiene pendiente con la provincia de Córdoba en relación a políticas sociales".
Según Obrero, "una vez más la consejera de puso de lado, no dio ni una respuesta, ningún compromiso de pago de estas cantidades y se dedicó a culpar de esta situación a otras administraciones y a buscar confrontación política con el Gobierno del PP, olvidando a los miles de usuarios, cuidadores, familias, entidades, etcétera que se están viendo perjudicados por la nefasta gestión de las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno andaluz desde hace años".
Ello demuestra, según Obrero, que "PSOE e IU quieren abanderar las políticas sociales cuando les interesa políticamente y abandonarlas cuando hay que pagarlas", lo cual ha llevado a Obrero a recordar a la consejera que "son los ayuntamientos los que están financiando los incumplimientos de la Junta, que les está obligando a hacer grandes sacrificios presupuestarios y asumir un gasto que no es de su competencia, para seguir ofreciendo servicios básicos a sus vecinos".
Según ha argumentado Obrero, "todas las administraciones están haciendo grandes esfuerzos para salir adelante, la mayoría con presupuestos austeros y con medidas de contención del gasto, pero lo que no puede hacer la Junta es echar todo el peso del mantenimiento y prestación de los servicios sociales a las diputaciones, ayuntamientos, a entidades y organizaciones sociales y encima no pagar". De hecho, la Consejería de Salud y Bienestar Social "está haciendo dejación de funciones al no pagar convenios firmados y comprometidos con las corporaciones locales, diputaciones y otras entidades".
La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés ha recordado que la Junta mantiene una deuda con la Diputación "de más de 12 millones de euros en relación a políticas sociales. De ellos, 10.905.376 euros corresponden a la deuda de ayuda a domicilio de los meses de enero, febrero y marzo de 2013 y al 50 por ciento del segundo semestre del 2012 pendiente de ingresar". También le debe "1.194.996 euros del programa de servicios comunitarios, equipos de tratamiento familiar y drogodependencias de los meses de enero, febrero y marzo de 2013 y lo que resta del ejercicio 2012".
Además, según Obrero, la Junta "también ha incumplido el convenio de ayuda a domicilio" con la Diputación, ya que en el mismo "se dice que se hará el pago al principio de cada semestre", con lo que "no es normal que a la Diputación de Córdoba se le comunique en enero de 2013, la cantidad destinada al segundo semestre de 2012". Es decir, "Montero ha tenido en vilo a esta institución, de la que dependen 67 municipios cordobeses y que tuvo que adelantar el dinero para asegurar la prestación económica a los 1.800 auxiliares y cuidadores en pueblos de menos de 20.000 habitantes, y seguir prestando este servicios a 4.867 dependientes".
Por otro lado, Obrero también ha hecho referencia a la deuda que la Junta mantiene con el Ayuntamiento de Córdoba en política social, que asciende a "casi cinco millones de euros. De ellos, 327.442 euros de la subvención para tratamiento de familias con menores; 196.771,43 euros del Plan concertado de servicios sociales 2012; 352.087,00 euros de la subvención para financiar la contratación del personal de refuerzo para atención a personas dependientes; 2.221.660,34 euros de la subvención para prestación del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia del año 2012, y 1.732.562,11 euros correspondiente al año 2013".
A todo esto hay que sumar la deuda con entidades privadas, residencias, centros de día y organizaciones de personas con discapacidad, y la deuda a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que el PP estima "en torno a nueve millones de euros".
En opinión de Obrero, "los alcaldes andaluces y cordobeses se merecen un gobierno autonómico que de la cara, que se comprometa y que establezca un calendario de pagos para hacer frente a la enorme deuda que mantiene con ellos en política tan sensibles y necesarias como son las políticas sociales, donde los recortes, los impagos, los retrasos y olvidos son la tónica general desde hace mucho tiempo".