La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, y el alcalde de Puente Genil (Córdoba), Esteban Morales, han firmado este jueves la adhesión del municipio al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, lo que eleva a 48 las localidades que ya han refrendado esta iniciativa puesta en marcha para luchar contra los desahucios y "devolver a la vivienda su valor como derecho y no como mercancía", según ha apuntado la consejera.
Cortés ha destacado que el número de municipios que "quieren luchar contra los desahucios y ponerse del lado de las familias va en aumento", lo que significa que el Programa de Defensa de la Vivienda "está recogiendo sus frutos", lo que la ha llevado a animar a los alcaldes a sumarse a "un compromiso social con las personas en el marco de la colaboración interadministrativa".
Con la firma del Ayuntamiento de Puente Genil son ya cinco municipios de Córdoba los que se han unido. Concretamente forman parte del programa Baena, Belmez, Doña Mencía, La Rambla y Puente Genil. En Andalucía son ya 48, que además están acompañados en esta andadura por la Diputación de Huelva y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), "cuyo respaldo ha sido decisivo y cuya firma pone de manifiesto la existencia de una sintonía absoluta en la lucha contra este problema", según ha puntualizado Cortés.
En este sentido, la consejera ha señalado que todas las administraciones deben "trabajar para resolver el grave drama de los desahucios" y, por eso, en la Consejería de Fomento y Vivienda están "volcando" todos sus esfuerzos "en conseguirlo", según ha asegurado Cortés, quien ha recordado que "el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil que consagran este drama, pero sí podemos exprimir nuestras competencias para luchar contra esta lacra social".
En este punto ha recordado las oficinas con las que cuenta el plan en todas las capitales de provincia han evitado en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento casi un millar de desahucios en toda Andalucía, es decir, "los resultados demuestran que estamos en el camino adecuado y así lo están entendimiento los municipios que se están adhiriendo", según ha señalado la consejera, la cual ha desglosado los datos de la provincia y ha explicado que en los tres primeros meses de funcionamiento la oficina de Córdoba ha recibido 132 vivistas, 107 de las cuales han generado la apertura de expedientes, y se ha "intervenido en 84 casos para evitar el desahucio de las familias".
En consecuencia, según ha subrayado la consejera, "las oficinas funcionan, son una herramienta útil y estamos consiguiendo que las personas que acuden a nosotros para no perder su vivienda, no la pierdan", de tal forma que, "haciendo fuerza estamos convencidos de que lograremos el objetivo".
APOYO AL PROGRAMA
El acuerdo garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen los ayuntamientos, mediante sus respectivos Servicios Sociales y previa solicitud de las delegaciones territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección, con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO, con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento, para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
