Jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han ocupado este domingo por novena vez consecutiva desde 2012 la finca pública Somonte, ubicada en Palma del Río (Córdoba) y propiedad de la Junta de Andalucía para defender que "la tierra pública no se vende".

"Somos lo que somos no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos", ha indicado el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, en un comunicado difundido en sus redes sociales, tras pedir a "todo aquel que pueda que venga a apoyar".

"Las causas por las que luchamos son difíciles, pero no están perdidas y por eso venimos a ganarlas, porque lo que defendemos son causas justas y de extrema necesidad. Aquí seguiremos hasta la victoria siempre, le duela a quien le duela. Somonte no se vende, Somonte se defiende siempre", ha asegurado Reina.

Asimismo, ha afirmado que el sindicato "va a seguir estando", pese a que haya "sabotajes" de muchos tipos en la finca, como cortes de luz o bloqueo de puertas. "Nos han cortado la luz, nos han tapiado las puertas y creemos que esto causa judicial no es porque no hay ningún precinto, así como no están las gallinas ni los perros, que dejamos por escrito que queríamos recogerlos, pero no nos van a parar porque entendemos que hay que seguir peleando", ha manifestado.

Esta ocupación tiene el objetivo, como todas las anteriores, de "trabajar y cultivar" estas tierras, "evitar su paso a manos privadas" y que cumplan "una función social: dar trabajo a las personas en paro de la comarca".

Las diferentes ocupaciones de Somonte han concluido todas, hasta ahora, con desalojos efectuados por la Guardia Civil en aplicación de resoluciones judiciales. Así ha sido desde que unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la finca por primera vez en marzo de 2012.

JORNALEROS ABSUELTOS Y CONDENADOS

Cabe recordar, respecto a las consecuencias de anteriores ocupaciones, que ocho miembros del SAT fueron juzgados y absueltos en 2017 por una de las ocupaciones, a la vez que el juzgado también absolvió a principios de 2018 a otras 48 personas denunciadas por la ocupación de la finca pública de Somonte.

El juez absolvió a los procesados en base a que "el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia, porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales", prevaleciendo en este caso la presunción de inocencia, según apuntaron fuentes judiciales.

La situación cambió con la última ocupación, iniciada en agosto de 2019 y concluida con el mencionado desalojo del pasado jueves, ya que, según ha explicado el portavoz del SAT, Óscar Reina, "la Junta no denunció a todos los ocupantes", como en anteriores ocasiones, sino al SAT, como persona jurídica, y a dos de sus dirigentes, siendo Reina uno de ellos.

La sentencia en esta última ocasión resultó desfavorable para el SAT, siendo condenados "a devolver la posesión de la finca a la Junta de Andalucía", pero como no lo hicieron voluntariamente, "se ejecutó su desalojo el pasado jueves", a pesar de que "estaba previsto para febrero de 2022". Sin embargo, el juzgado estimó la petición de la Junta de que se adelantara para así poder labrar la tierra y optar a ayudas de la PAC, algo que para el SAT no es justificación, pues la finca viene siendo ocupada y cultivada "desde hace casi diez años", con lo que "no tiene sentido alegar ahora" la posible pérdida de subvenciones europeas.