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Luz, agua y alcantarillado por 9.500 euros

Las Ordenanzas de Regularización de viviendas cuentan con el visto bueno de los colectivos

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La portavoz del Gobierno y delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, han presentado el viernes las Ordenanzas para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental del PGOU, que próximamente se llevará a Pleno para su aprobación inicial y que en la tarde de ayer se explicó a los colectivos sociales y vecinales implicados en este proceso.

“Hace unos días pusimos de manifiesto la aprobación del Plan General por diversos motivos, entre ellos, la aprobación de las Ordenanzas de Regularización”, ha indicado Ana González, quien ha recordado que “es importante tener aprobado el Plan para poder desarrollar estas Ordenanzas, ya que desarrollan artículos del PGOU”. “El Plan es el instrumento, a través del cual se clasifica el suelo y, por tanto, nos da las distintas áreas de regularización e integración urbano-ambiental en las que poder actuar. Además, es fundamental que esté aprobado antes del 26 de junio”, ha insistido.

Por su parte, Cándida Verdier ha indicado que “hemos cumplido nuestro compromiso de traer este documento que próximamente se llevará a Pleno para su aprobación inicial”. Hay que destacar que dichas Ordenanzas afectará a unos 22 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado y que alberga a un total de 16.550 viviendas, de las cuales 13.152 están ya edificadas. “Tras entregar el documento días atrás a los grupos municipales, ayer tuvimos el primer contacto con los colectivos afectados (un total de doce, entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Regularización) y queremos destacar que los los colectivos les ha dado el visto bueno a estas Ordenanzas, ya que hicieron un balance positivo de la apuesta del Gobierno”, ha indicado.


“Los vecinos han apreciado con grata sorpresa que el Gobierno no haya esperado a la aprobación del PGOU para elaborar estas Ordenanzas. Así, una vez aprobado definitivamente el Plan, este documento también podrá aprobarse definitivamente para su inmediata aplicación”, ha incidido Verdier, quien ha destacado “la simplificación de los trámites en relación a las Ordenanzas de 2010, derogadas por PP y PVRE, son unas Ordenanzas más claras y, sobre todo, la reducción de los costes en una media del 50 por ciento”. “El objetivo es reconocer para dar seguridad jurídica a esas construcciones y permitir un proceso de urbanización y legalización de las mismas”, ha recalcado la portavoz del Gobierno, quien ha aclarado que “ las Ordenanzas van destinadas a edificaciones construidas sin licencia ajustadas al Plan y que ya no tienen posibilidad de ejercerse sobre ellas la disciplina urbanística, edificaciones que no están ajustadas al PGOU y que tampoco pueden ser derribadas, catalogadas como Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), y edificaciones con cédulas de habitabilidad anteriores a 31 de diciembre de 1987”.


Procesos de urbanización

Asimismo, Cándida Verdier ha explicado que la gestión urbanística se puede hacer de forma sistemática, es decir, como establece la Ley; o asistemática, esto es, procedimientos en los que no hace falta un proyecto de reparcelación, agrupándose por cuencas o subcuencas e, incluso, pueden hacerse de forma faseada. Así, existe la posibilidad de que haya una urbanización primaria, es decir, conexión de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público; o una urbanización secundaria, que incluye pluviales, servicios de telecomunicaciones, cerramiento de parcelas, etcétera…. “Esto posibilitará que haya grupos de personas que solo quieran una urbanización primaria y otros que quieran terminar todo el proceso”, ha indicado la delegada de Diseminado, quien ha aclarado que “estos procesos podrán hacerse de forma privada, es decir, los propietarios de las cuencas, o de forma pública por parte del Ayuntamiento. En este caso, podrá hacerse a través de contribuciones especiales, lo que ha tenido una buena aceptación por parte de los vecinos, que son los que decidirán finalmente si quieren regularizar y cómo”.

“Hay una segunda fase tras la urbanización, que sería la legalización de las viviendas, que también podrá hacerse de forma voluntaria en tres fases, que son inicio, instrucción y resolución”, ha explicado la responsable del área, quien ha recalcado que “es muy importante incidir en que se regulan las viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación y los denominados ‘complejos inmobiliarios’, que incluye las parcelas pro-indivisas, es decir, que no se pueden dividir por su tamaño”. “Y, por supuesto, existe la posibilidad de que aquellas personas con expedientes disciplinarios puedan incluirse voluntariamente en el proceso de regularización, reduciendo al 25 por ciento la sanción”, ha aclarado Verdier, quien ha insistido en que, “respecto a las Ordenanzas de 2010, hemos incluido las obras faseadas, tiene un sistema voluntario por parte de los vecinos, además de flexible y costes muy reducidos”.

En cuanto a los costes del proceso de regularización, Cándida Verdier ha indicado que “hemos hecho un trabajo muy importante para reducir los mismos en una media del 50 por ciento y hay fórmulas de pago que van desde las contribuciones especiales al pago al contado o el fraccionamiento”. En este sentido, resaltar que la fase de urbanización primaria tendrá un coste medio por vivienda de unos 9.500 euros, mientras que la suma de la urbanización primaria y secundaria sería de unos 25.500 euros de media. “Hay que tener en cuenta que el vecino puede acceder a la urbanización primaria y posponer para más adelante la urbanización secundaria”, ha aclarado la delegada de Diseminado, quien ha añadido que, “por tanto, por unos 9.500 euros de media los vecinos podrán tener los servicios básicos”. Así, por poner unos ejemplos, en las Ordenanzas de 2011 el coste medio de regularización primaria y secundaria en Carboneros era de unos 45.000 euros por vivienda, mientras que ahora es de unos 16.000 euros; en Carrajolilla se ha pasado de 40.000 euros a 21.000 euros; mientras que en Majadillas Bajas, se ha pasado de 72.000 euros a 22.000 euros.

“Creemos que es una buena noticia la elaboración de estas Ordenanzas de Regularización y quisiera agradecer al equipo de Urbanismo su apoyo para que este instrumento tan importante salga adelante”, ha expresado la portavoz del Gobierno, quien ha mostrado su satisfacción por “la buena acogida por parte de los colectivos presentes en la reunión mantenida ayer por la tarde”. “Ahora toca esperar que el proceso vaya bien y se cumplan las expectativas de los que hemos puesto ilusión en este instrumento urbanístico”, ha concluido.

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