El Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJME) ha denunciado hoy que diecinueve menores y 196 solicitantes de asilo fueron internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) el año pasado.
En su informe "Vulnerables vulnerabilizados", que se ha presentado hoy en la sede del Defensor del Pueblo, recoge los testimonios de personas cuyos derechos y condiciones de dignidad han sido vulnerados, según esta ONG, durante el proceso de expulsión e internamiento en los CIE.
La ONG llama la atención sobre la situación de enfermos, agredidos por la Policía o por otros internos, aquellos a quienes nadie visita, menores, solicitantes de asilo, víctimas de trata de seres humanos y los que carecen de intérprete.
El abogado de Pueblos Unidos, Santiago Yerga, ha recordado que en 2015 un total de 6.930 personas fueron internadas en los diferentes CIE de España y se materializaron 6.869 expulsiones de ciudadanos extranjeros.
Desde los diferentes CIE, el año pasado fueron expulsadas 2.871 personas, lo que supone el 41 % de los internados, de manera que el 59 % restante sufre "una privación de libertad que carece de sentido", ha subrayado Yerga.
Entre las expulsiones ejecutadas el año pasado, 530 fueron dictadas contra ciudadanos de la Unión Europea (un 7,72 % del total).
El CIE de Algeciras concentró el 41,53 % de las mujeres internadas, lo que, a juicio del letrado, pone de relieve el uso "exhaustivo" de esta medida en el caso de mujeres, "especialmente vulnerables", que intentan acceder irregularmente por el litoral sur de España.
El año pasado hubo diecinueve menores identificados en los CIE, por lo que la organización religiosa reclama una mejora de los procedimientos de determinación de la edad en los lugares de acceso irregular a España para conseguir que "ni un solo menor sea tratado como mayor y deba pasar por la privación de libertad".
En 2015 se admitieron a trámite 196 solicitudes de protección internacional de personas internadas en los CIE. La ONG llama la atención sobre el escaso número de peticiones de asilo formuladas desde los CIE del sur, Algeciras y Tarifa, Tenerife y Las Palmas.
"La opacidad en los CIE dificulta el acceso a la protección de las personas privadas de libertad", ha señalado Yerga, quien ha pedido "transparencia" al Ministerio del Interior en la aportación de datos sobre estas instalaciones.
La ONG realizó el año pasado 1.536 visitas a 503 personas, de 64 nacionalidades diferentes, en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia.
El abogado José Javier Ordóñez, colaborador del servicio jesuita en Barcelona, ha indicado que reciben peticiones de "personas que viven en situaciones frágiles, que no tienen apoyo social o familiar, que acaban de llegar en pateras y que apenas conocen la lengua española".
En Barcelona, predominaban los magrebíes, mientras que los subsaharianos eran los más numerosos en Madrid y Valencia.
La mayoría de las personas visitadas contaban con arraigo en España, con cuatro o más años de estancia en España, y estaban afectadas por procedimientos de expulsión por estancia irregular.
En estas visitas, conocieron el caso de Catherine, una joven de 20 años, que huyó de su país sola porque en su zona practicaban la mutilación genital femenina y llegó a España en una pequeña embarcación.
La chica, que se marchó de su país porque temía por su vida, solicitó protección internacional, que fue admitida a trámite, y fue puesta en libertad veintiún días después de haber sido internada.
Otro de los casos es el de Agrippine, de 16 años, que llegó en una embarcación a las costas de Andalucía y que en el CIE fue identificada como menor de edad y víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por lo que fue trasladada a un centro ordinario de protección de menores, del que escapó, sin que actualmente se conozca su paradero.
El coordinador de este servicio de ayuda y defensa de los migrantes, Miguel González, ha pedido el cierre de los CIE, por la gravedad que supone la privación de libertad en estos espacios, por el abuso que se hace de la medida de internamiento y por las condiciones de vida en estos centros.
También ha reivindicado la reducción del número de personas internadas, la búsqueda de alternativas al internamiento, la aplicación de mecanismos de regularización de las personas que no pueden ser expulsadas, la dignificación de las condiciones de vida en los CIE y la armonización de las normas de régimen interno de estos centros.
