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Campo de Gibraltar

Emusvil ajusta sus contratos de arrendamiento de viviendas "a lo dispuesto en la ley"

Así lo han asegurado hoy fuentes municipales tras una sesión extraordinaria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda

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Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emusvil). De entre los asuntos tratados, destacar el nombramiento del teniente de alcalde Mario Fernández como vicepresidente de la sociedad, además de la revisión de los contratos de arrendamiento de las distintas promociones, ajustándose a la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, de 4 de junio del citado año, así como el abono de cantidades pendientes a Promociones Francisco Fernández Francisco S.L:, liquidándose la  deuda existente con dicha mercantil.

Con respecto a las medidas de flexibilización del mercado de alquiler, se trata de ajustarlo a lo previsto en la legislación actual sin que suponga subida alguna para los inquilinos de las viviendas. En cualquier término en lo que sí afecta es en la duración de los contratos, ya que si antes era a  diez años ahora pasa a un año con opción a 3, a decisión del arrendatario y luego renovable por cada anualidad.
Además, se ha aprobado la reversión de una parcela del polígono industrial del Zabal, primer paso para que la ciudad cuente con un punto limpio. En  el año 2000, el Ayuntamiento cedió a Emusvil dos suelos en el polígono destinados a desarrollo industrial, con una cláusula de reversión a los cinco años en caso que no se ejecutara nada. En 2016, se retrotraen estas dos parcelas y una de ellas servirá para ubicar este punto limpio, teniendo en cuenta que La Línea de la Concepción es el único municipio de Andalucía con más de 50.000 habitantes que no dispone de estas instalaciones.
En el consejo se ha dado traslado del informe de fiscalización del expediente de contratación de obras de la promoción Reina Sofía con la empresa EDR y elaborado por la interventora y el técnico de gestión presupuestaria, a los efectos de decidir las actuaciones llevar a cabo tras dicha auditoría.

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