El Partido Socialista de Tarifa ha formalizado hoy, miércoles 18 de febrero, ante la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz, la denuncia por "contratación irregular de los hijos de dos ediles del equipo de gobierno y miembros del Partido Popular".
Con ello, el PSOE cumple con lo anunciado en días pasados cuando mostró su intención de formular denuncia por “prevaricación” contra el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil al entender que los hechos relatados son constitutivos de un delito de Prevaricación, del artículo 404 del Código Penal.
Según la denuncia presentada en nombre del portavoz municipal socialista, Francisco Ruiz Giráldez, los referidos hechos denunciados muestran como el alcalde Juan Andrés Gil García, ha llevado a cabo de forma arbitraria, a sabiendas de su ilegalidad y con reparos de legalidad del Interventor del Ayuntamiento de Tarifa, así como con el Informe desfavorable del Asesor laboral de personal, la contratación de dos hijos de concejales de su grupo político (Partido Popular), uno como Auxiliar Administrativo y otro como Albañil.
En concreto, la denuncia apunta a que con fecha del fecha 15 de octubre de 2014, el alcalde dictó Decreto 003674/2014, por el que resolvió nombrar como personal laboral indefinido, a Sergio Piñero Márquez, hijo del concejal de Personal Emilio Piñero Acosta, como auxiliar administrativo, bajo la modalidad contractual de Indefinido.
La referida contratación contó con el ‘informe desfavorable, del Asesor laboral del Ayuntamiento y el ‘informe desfavorable’ del Interventor, ya que según obra en el expediente “no se acreditó el principio de legalidad del art 9. 1 de la Constitución y los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público del artículo 103. 3 de la Constitución.- Como en materia de contratación laboral, ya que el puesto que se pretendía cubrir no fue objeto ni de oferta de empleo público, ni convocatoria, ni proceso selectivo. Por consiguiente el contrato laboral se presume irregular, nulo de pleno derecho al incluirse dentro de los supuestos del artículo 62. 1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Tampoco se motivó, ni justificó lo previsto en el artículo 3, 1y2 del RD Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas Urgentes en materia presupuestaria tributaria y financiera para la corrección del déficit público, Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Que dice que durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o funcionario interino salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Y en las mismas circunstancias pero días después, en concreto con fecha de 3 de noviembre de 2014, el alcalde dicta Decreto 003871/2014, por el que resolvió nombrar como personal laboral indefinido, a José Carlos González Álvarez, hijo del concejal de Obras y Servicios, como Albañil, bajo la modalidad contractual de ‘indefinido’. De nuevo y por las mismas causas y razones la Intervención y la Asesoría Laboral se muestran contrarias a la contratación del hijo del edil.
Días después de que el PSOE destapara y denunciara el asunto, el alcalde confirmó la existencia de esos decretos, pero señaló en prensa y durante la celebración del pleno de 20 de noviembre que los decretos de contratación fueron “revocados”. Sin embargo el PSOE constató que “eso no fue así, y lo que el alcalde hizo fue dictar dos nuevos decretos con números 004266/2014 y con el número 004267/2014 procediendo a nombrar a los hijos de los ediles como “personal laboral temporal”. Una vez más, ambos decretos tuvieron el reparo del Interventor que no veía justificación ni de la obra, ni de la eventualidad de los contratos, señalando además que dichas contrataciones se “llevan a cabo en fraude de Ley” y advirtiendo de las “reiteradas ilegalidades”.
Por todo ello y ante el empecinamiento del alcalde de contratar de manera irregular a los hijos de los ediles de su equipo de gobierno y partido, el PSOE ha presentado denuncia ante la Fsicalía Anticorrupción de Cádiz, para que en base a lo establecido en el artículo 5 de La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados se lleven a cabo o se ordenen aquellas diligencias para las que está legitimado el Ministerio Fiscal, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tras los trámites de Ley se proceda a formular al efecto la oportuna denuncia, enviándolas a la autoridad judicial.
El PSOE ha remitido toda la documentación al respecto que obra en su poder e insta a la Fiscalía a recabar del Consistorio cuantos datos sean necesarios para esclarecer “este flagrante caso de enchufismo político y determine las responsabilidades que hubiere del mismo”.
