El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido hoy, jueves, el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de septiembre. Asistieron todos los ediles. Entre los puntos más destacados, la aprobación de una modificación puntual urbanística que permitirá, entre otros asuntos, construir 52 VPO en Torreguadiaro. Asistieron todos los ediles.

Se trataba del primer pleno que tiene lugar en el primer jueves de mes, tal y como se aprobó en junio con motivo del inicio del mandato 2023/27.

Para el alcalde, se trata de dar pasos para “romper el desequilibrio” que existe en San Roque desde 2018 relativo a la construcción de viviendas, ya que sólo se están edificando en urbanizaciones turísticas y con un precio que no resulta asequible para la mayoría de la población, mientras que no se hacen nuevas en los núcleos de población, con la excepción de dos pequeñas promociones de Emroque en Guadiaro y Taraguilla.

Además, tuvo lugar la ratificación del Convenio de Gestión del Área de Reparto ARI CP2-PEI del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA.

Se aprobó por unanimidad la inclusión de este punto en el Orden del Día. El punto en sí se aprobó con los doce votos a favor del Equipo de Gobierno (PSOE) más los tres de San Roque 100x100 y el del representante de Vox, mientras que los cinco ediles del PP se abstuvieron.

El convenio se refiere a unos terrenos de 35 hectáreas y propiedad de Cepsa en su práctica totalidad (excepto en lo concerniente al Camino Alto de San Roque a Algeciras, que es municipal), calificados como suelo de uso industrial.

En el convenio se establece que Cepsa abonará al Ayuntamiento el 10% del valor del aprovechamiento medio de los terrenos, cantidad que se establece en más de 11,8 millones de euros. En cuanto al tramo del Camino Alto de San Roque a Algeciras, Cepsa lo adquirirá del Ayuntamiento a cambio de una contraprestación económica. En este acuerdo no se recoge la cesión de ninguna parcela al Ayuntamiento, ya que ello ya se realizó en la Modificación Puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa. El primer edil destacó que la aprobación del convenio con Cepsa referido a los terrenos conocidos como “fondo de barril” permitirá al Ayuntamiento aumentar sus ingresos considerablemente, dinero que se pretende invertir en la adquisición de terrenos para aumentar la superficie de algunos recintos feriales, entre otras cuestiones.

Ruiz Boix entró a valorar una cuestión que se ha planteado en Ruegos y Preguntas. Se trata del expediente sancionador abierto por la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento relativo a los fuegos artificiales de la Feria Real. Recordó el alcalde que en el municipio se celebran cada verano ocho ferias y todas ellas concluyen con fuegos artificiales.

Señaló que existen dos casos diferenciados: los fuegos artificiales que se realizan en tramos urbanos, situados a más de 400 metros de zona con vegetación; y los que se lanzan a menos de 400 metros de las zonas con vegetación. En el primer caso, existe la obligación por parte del Ayuntamiento de comunicar a la Junta su realización, mientras que en el segundo además de la comunicación es obligatoria la autorización autonómica.

En cinco ocasiones, explicó Ruiz Boix, se comunicó solamente, mientras que en tres también se pidió la preceptiva autorización, que se concedió en dos de los casos. En lo concerniente a San Enrique, que fue donde no se autorizó, “no nos quejamos -dijo-, porque entendimos que era razonable debido a la sequía”, por lo que se lanzaron los denominados “fuegos artificiales fríos”.

El primer edil recalcó que “los informes de los técnicos municipales” señalan que en el caso de la Feria Real, al tratarse de la Alameda Alfonso XI, sólo era necesaria la comunicación. Entiende que el expediente sancionador abierto por la Junta se debe a que “les habrá sentado mal la gran afluencia de público” que se registró esa noche, y recordó que otros años se habían lanzado “sin problemas”.

El alcalde entiende que se trata de una nueva muestra de que el Gobierno de la Junta de Andalucía “intenta castigar a los sanroqueños y a las sanroqueñas por contar con un alcalde socialista”, y pidió al Ejecutivo Autonómico que “también esté atento a San Roque en materia de Educación o Dependencia y por tantas carencias como tiene el municipio” en materias que corresponden a la Junta.