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Campo de Gibraltar

Verdemar insiste en la protección de Sierra Carbonera y advierte sobre el PGOU de La Línea

La entidad señala el informe desfavorable de la Junta a la propuesta de documento linense

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  • Vista de La Línea. -

Verdemar Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar ha informado de que la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las competencias en materia de aguas, ha emitido un “informe desfavorable al documento para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de La Línea de la Concepción”.

Además, indican que Ayuntamiento debe modificar otras cuestiones ambientales relativas al mismo. La  revisión del PGOU deberá “ser adaptada y modificar los informes sectoriales que tengan carácter vinculante”.

Tras la adecuación del Plan al contenido de la Declaración Ambiental Estratégica, “deberá ser sometido, en su caso, a nueva información pública, si fuese preceptiva conforme a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tras esta, el Ayto de La Línea de la Concepción remitirá nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, a esta Delegación Territorial, para que esta dicte declaración ambiental estratégica final, complementando así la inicialmente formulada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38.9 y 40.5.m) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”, explican.

La Línea, explican los ecologistas, “debe solventar problemas de abastecimiento, debe aportar un informe certificado  de la empresa suministradora que asegure que puede cubrir la nueva demanda planteada en el Plan General de Ordenación Urbanística y garantizar una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como la existencia de infraestructuras para atender las demandas de cualquier época del año, incluyendo los períodos en los que se prevean sequías y las nuevas demandas. También debe aportarse informe actualizado de la entidad supramunicipal que gestiona el abastecimiento en alta del municipio en el que se pronuncie sobre su conformidad o no respecto a las propuestas realizadas en el PGOU que le afecten y que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo del agua en lo que refiere a su competencia, así como la situación sobre las infraestructuras supramunicipales necesarias para atender las nuevas demandas y el estado en que se encuentran las que se están actualmente en servicio”.

“Se debe proponer un control de las captaciones ilegales de los acuíferos (aperturas de pozos), de los cauces y sistemas lacustres, además de la vigilancia de la construcción ilegal de pozos ciegos y fosas sépticas, para el vertido de aguas residuales. Igualmente se debe evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. Se debe planificar temporalmente la inspección y eliminación de todos aquellos pozos existentes para uso doméstico a la vez que se ejecute la conexión al abastecimiento regulado”, añade Verdemar.

La entidad indica que “el saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se ejecutará a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico o marítimo terrestre sin previa depuración”.

“Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores límites de emisión establecidos para la misma. El nuevo planeamiento estimará los caudales y las cargas contaminantes generadas, garantizando que los incrementos de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario, deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido. Los núcleos urbanos consolidados deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, en funcionamiento acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido. Se ha de tener en cuenta para el saneamiento de determinados ámbitos en zonas de crecimiento del municipio, lo contemplado en el Artículo 259.ter. Desbordamientos del sistema de saneamiento de lluvias”, sostienen.

“En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un sector urbanístico, se debe garantizar la depuración de las aguas residuales del sector y contar con la autorización de vertidos acorde a su carga contaminante generada. La solicitud de informe al planeamiento urbanístico debe ir acompañada de certificado de la empresa gestora de la depuradora de que los caudales y contaminación generados en la actuación podrán ser tratados en su totalidad en EDAR existente, y no interferirán con el cumplimiento de los valores límite de emisión impuestos en la autorización de vertido al dominio público hidráulico, o al dominio público marítimo terrestre, en vigor. En caso contrario, se preverán las actuaciones de depuración necesarias para atender los nuevos vertidos”, apunta.

Por otra parte, abunda Verdemar en un comunicado, La Línea “debe conservar y proteger el patrimonio natural del municipio y sus valores paisajísticos, garantizando el disfrute de un medio ambiente adecuado, mediante las propuestas de los anillos verdes de escala urbana y Parque de Levante y del Higuerón a escala Territorial.  El Ayuntamiento debe establecer medidas que contrarresten el efecto del Cambio Climático, mediante acciones en  las cuñas verdes de los arroyos que bajan de la Sierra Carbonera”.

Entre las medidas se le exige  proteger los sumideros de carbono existentes y mejorar las áreas verdes degradadas, con la posible propuesta de City Lab (Proyectos creativos para ciudades más Humanas) enmarcada en el Plan Verde de la Biodiversidad 2020, “conservar en buen estado los recursos hídricos, estabilizar playas y dunas, con el fin de conseguir una línea de costa protegida como motor del cambio climático, controlar la erosión del suelo , minimizar el consumo de recursos y potenciar el empleo de energías renovables, incluyendo aspectos bioclimáticos en las construcciones, fomentando energías alternativas y ahorros energéticos. Se propone desafectar el cordel de Puente Mayorga con una compensación de trazado alternativo”.

“Hay que modificar varias zonas afectadas por la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, en las que no determina la clasificación de suelo. Se deberán clasificar dichos espacios”, indican.

Verdemar Ecologistas en Acción recuerda que ya alegó que “en el avance del PGOU, se pretendía implantar  urbanizaciones  en suelos colindantes con la Carretera del Higuerón, Santa Margarita y La Alcaidesa, para usos turísticos-hoteleros, el llamado Parque Natural de Levante. Esto desconectaba la propuesta de ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales por la Sierra Carbonera”.

Estas opciones planteadas, según Verdemar, “eran incompatibles con la Legislación de montes: Se pretendía destinar para usos turísticos (recalificación) una parte importante del área incendiada en el verano del 2016 entre Santa Margarita y La Alcaidesa, concretamente en los parajes de Portichuelos, San Antonio y Gibraltar-Playa, vulnerando lo establecido en el artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes”.

En concreto, añaden, “se pretendían usos turísticos de alta gama (resorts con muy baja ocupación) en la zona más alta, y urbanizaciones colindantes con la zona ya urbanizada de Venta Melchor y Santa Margarita. Todo ello a través de Planes Especiales de Interés Turístico en Suelo No Urbanizable”.

Por ello, indica Verdemar, “pedimos la exclusión de la Sierra Carbonera, su falda y el frente litoral como cualquier uso que no sea su protección. Así como el desarrollo de actuaciones que permitan su reforestación e inclusión de la misma en el Corredor Ecológico Guadiaro –Guadalquitón , entendiendo que las características de las mismas ponen de manifiesto la necesidad de que estos terrenos sean declarados Parajes de Protección Especial e incluidos , en concordancia con la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres , previa modificación del Decreto correspondiente , en el límite del Parque Natural Los Alcornocales”.

El municipio de La Línea “ha sido hasta la fecha víctima de un desarrollo urbano indiscriminado , en el que la ausencia de la puesta en marcha de una planificación urbanística , con la consiguiente proliferación de viviendas ilegales , la ausencia de una política forestal , la degradación y desaparición de importantes zonas naturales , el vertido incontrolado de residuos urbanos e industriales y así una serie larga de actuaciones que podríamos considerar de desarrollo insostenido, pueden, de no ponerse freno a estas actuaciones , abocar en repercusiones que se están dejando notar, deteriorando gravemente el medio físico y la calidad de vida de los habitantes de La Línea”, concluyen.

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