La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha considerado “muy positivo” para la provincia de Cádiz la ampliación de medidas sociales hasta el mes de agosto llevada a cabo por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos “para intentar paliar los terribles efectos económicos que está dejando la pandemia en todo el país y que en el caso de la provincia de Cádiz está resultando devastadora”, apunta el coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías.

El dirigente provincial afirma que “el deseo de IU Cádiz es que se avance en políticas activas de empleo y de generación de capacidad productiva, pero mientras esta provincia cura las heridas que está provocando la Covid-19, es fundamental disponer de herramientas que alivien la situación de miles de familias que no pueden pagar la luz o el alquiler, o la de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que necesitan ahora más que nunca que no se les deje abandonadas”.

Así, recuerda Macías que la ampliación del llamado “escudo social en el que Unidas Podemos ha trabajado de manera concienzuda”,  contempla la prohibición de los cortes de suministro (electricidad, gas y agua), la suspensión de los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, la prórroga de la ampliación del bono social para que puedan acogerse personas en distintas situaciones de vulnerabilidad y para que se mantenga a la gente que lo venía percibiendo sin requisitos adicionales, la prórroga de los contratos de arrendamiento (se amplía la posibilidad de solicitar la prórroga de seis meses del contrato de arrendamiento y así evitar subidas abusivas), medidas sobre grandes propietarios (éstos deben realizar a los inquilinos en situación de vulnerabilidad algunas de estas dos opciones: una quita del 50% del alquiler o reestructuración de la deuda a lo largo de, al menos, 3 años) y finalmente, la prórroga de la consideración como servicios esenciales de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y los servicios de acogida a víctimas de violencia de género, explotación sexual y/o trata con fines de explotación sexual.

El coordinador provincial indica que “el 27% de población desempleada en la provincia de Cádiz que nos dejó la EPA del primer trimestre de 2021 trae como efectos secundarios dificultades para afrontar alquileres y pagos de facturas que, al menos, van a encontrar un amparo en este escudo social puesto en marcha por el Gobierno”. Y apunta que, “esta importante medida se ve complementada por otras de gran calado en esta provincia, como la negociación que ha cerrado el Ministerio de Trabajo con las centrales sindicales para ampliar los ERTEs, de momento hasta el 30 de septiembre, y según el ritmo de la pandemia, hasta finales de año”.

“Esta ampliación temporal de los ERTEs –añade- van a seguir ayudando a las empresas gaditanas a afrontar mejor esta situación, aunque echamos en falta medidas complementarias del Gobierno de la Junta de Andalucía para ayudar a las empresas, así como planes de empleo que dinamicen la economía de nuestra provincia”.