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Cádiz

El Ayuntamiento instará al CBPC a realizar una auditoría externa

El Ayuntamiento acuerda iniciar el procedimiento para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Cádiz

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El Pleno Municipal, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común relativa a instar al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz a realizar una auditoría externa sobre la Relación de Puestos de Trabajo, plantilla, financiación y la ejecución del presupuesto del Consorcio de los últimos diez años. Asimismo, también ha recibido el respaldo unánime del arco plenario la enmienda de adición presentada por el grupo municipal socialista solicitando apoyar los acuerdos tomados por unanimidad en la Junta General Urgente del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz celebrada el 5 de diciembre de 2017, para personarse ante el Juzgado nº 3 de Cádiz en las Diligencias Previas 1305/2014, así como de aquellas otras actuaciones que ayuden a esclarecer el asunto.

No se trata de realizar un juicio paralelo, sino de conocer qué ha pasado con un dinero público que es de todos y de todas y cuyo fraude alcanza nada menos que los ochos millones de euros

El concejal y representante del Ayuntamiento gaditano en el Consorcio de Bomberos, Adrián Martínez de Pinillos, ha denunciado las condiciones laborales en las que trabajan los bomberos, con escasos y deficitarios recursos materiales. Y ello, en contraposición con los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y prevaricación. “No se trata de realizar un juicio paralelo, sino de conocer qué ha pasado con un dinero público que es de todos y de todas y cuyo fraude alcanza nada menos que los ochos millones de euros”, y ha señalado que el Consorcio de Bomberos ha prevaricado supuestamente tanto bajo el mandato del PP como del PSOE. “Entendemos que el Partido Socialista y Partido Popular serán los más interesados en esclarecer qué ha ocurrido estos años”. Y ha remarcado que mientras bajo los mandatos de PSOE y PP en la Diputación se beneficiaba a dirigentes en detrimento del interés público, los bomberos trabajaban y se jugaban la vida con un material insuficiente e inadecuado”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Ignacio Romaní, ha arremetido contra Martínez de Pinillos por “insinuar que el PP tiene algo que ver” en este asunto, apuntando que no le corresponde a él, sino a “un miembro del Partido Socialista dar las explicaciones”, porque “esto parte de una gestión socialista”. Y ha lamentado que el edil del Equipo de Gobierno no haya reclamado en su intervención “que el Consorcio de Bomberos siga siendo un Consorcio provincial. Ésta es la primera de las grandes cuestiones”. Además, aunque el PP ha votado a favor de la propuesta, su portavoz ha señalado que considera más conveniente que el interventor del Cuerpo General sea quien realice “una auditoría internamente”.

La propuesta relativa a suscribir la Declaración de Shanghai sobre Ciudades Saludables,  así como los compromisos que se recogen en ella también ha sido aprobada por unanimidad. Como ha explicado la edil de Salud, Eva Tubío, se trata de una medida para promocionar la salud y el desarrollo urbano sostenible, así como el reconocimiento del derecho al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. En esta declaración se encuentran más de cien ciudades y cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. También  ha recibido el respaldo unánime del Pleno la enmienda de adición presentada por el Partido Socialista solicitando que el Ayuntamiento de Cádiz en Pleno acuerde solicitar su incorporación a la Red Española de Ciudades Saludables.

La propuesta de desestimación de recursos de alzada contra el acuerdo del Consejo Rector de la Fundación de la Mujer, en el que se acuerda declarar desierta la provisión del puesto de gerente de dicha Fundación ha sido desestimada con los votos desfavorables de toda la oposición y los votos a favor del Gobierno local, tras un extenso debate.

La concejala de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo, ha incidido en que los tres hombres que se presentaron a la convocatoria para optar a ese cargo “cumplen los requisitos básicos” exigidos, y ha defendido la importancia de ese puesto “técnico”, mostrándose contraria a que lo desempeñe un político, refiriéndose a la concejala delegada de Mujer, Ana Camelo. También ha criticado el “pensamiento retrógrado” del Gobierno local por defender que el puesto lo ocupe una mujer. “Para alcanzar la igualdad real, hay que dar ejemplo”, ha reprochado al Equipo de Gobierno.Por su parte, la edil de Ganar Cádiz en Común, Eva Tubío, ha lamentado que la oposición considere “a veces sí y a veces no determinantes los informes técnicos para tomar decisiones”, haciendo alusión a un informe rubricado por el área de Personal del Ayuntamiento de Cádiz  que concluye que “ninguno de los tres hombres candidatos se adecua a los requisitos. No tienen formación ni exigencia alguna en materia de igualdad”. También ha resaltado “la responsabilidad” demostrada por el Equipo de Gobierno “no sacando a la calle esta convocatoria porque confiábamos que personas de la casa podían optar a este puesto. Se actuó con buena fe”. Y ha defendido que el puesto lo ocupe una mujer: “No tiene sentido colocar a un hombre inexperto para llevar a mujeres expertas”.

La concejala socialista María José Rodríguez ha recalcado que la convocatoria constaba de dos partes: requisitos y méritos, “y los requisitos los cumplen los tres candidatos”, ha remarcado en sus dos intervenciones, apuntando que los méritos eran “a valorar sólo”. Asimismo, ha acusado al Equipo de Gobierno de “querer como gerente a una persona determinada, mujer, a fin y de fuera de Cádiz, pero le salió mal porque tenía que ser personal de la casa”. También ha criticado al Gobierno local por mostrarse contrario a que el puesto de gerente de la Fundación de la Mujer lo ocupe un hombre: “Es discriminatorio y ofensivo”. Y durante su intervención ha dejado claro el voto en contra del PSOE “para que la elección de gerente vuelva al Consejo Rector”.

Ana Camelo, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, ha incidido durante su intervención en que en la convocatoria del puesto de gerente de la Fundación de la Mujer se explica “una serie de méritos específicos a valorar, tanto en la formación como en la experiencia profesional, que han de ser tenidos en cuenta para apreciar la idoneidad de los candidatos”. Y ha leído literalmente un fragmento del informe rubricado por técnicos de Personal del Consistorio gaditano: “Ninguno de los tres candidatos se adecua a los méritos específicos recogidos en las bases selectivas (...) Para cuyo correcto desempeño se considera fundamental, al menos, la concurrencia de algunos de los méritos considerados en la convocatoria: experiencia profesional o máster de géneros y/o igualdad de oportunidades entre otros requisitos”. “Ninguno de los candidatos reúne la idoneidad”.

Asimismo, ha defendido que el cargo lo desarrolle una mujer, recordando para ello “la sociedad desigual en la que vivimos, en la que han asesinado a 47 mujeres en lo que va de año, y donde el 66% del desempleo afecta a la mujeres. Por tanto, lo mínimo es que sea una de nosotras, que ha sufrido en sus carnes los lastres de este mundo machista, quien desempeñe el cargo de gerente. Así de sencillo y así de real. Mi nombre nunca será cómplice de frivolizar con algo tan importante como la Fundación de la Mujer, no seré yo quien participe en un nombramiento inadecuado”.

Al respecto, la edil popular Mercedes Colombo ha acusado a Camelo de estar “cometiendo un delito”, al querer que el puesto lo desempeñe una mujer, “cuando eso no lo decían las bases” de la convocatoria.  

Y mientras que Camelo ha defendido “el giro” que se le ha dado a la Fundación de la Mujer “a pesar de las tratas y del trato de la oposición”, relatando todo el trabajo que se ha venido desarrollando en estos dos años, Colombo ha criticado directamente su gestión al frente de la Delegación de Mujer: “Uno de los principales problemas que tiene esta ciudad es tenerla a usted como concejala por su falta de capacidad para llevar esta importante concejalía”.

La edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández, también ha intervenido en este punto, lamentando que a la concejala Colombo “le duela que hayamos abierto las puertas de una Fundación que durante su mandato autoritario era sesgado. Ésa es la realidad, por eso ha promovido esta moción de censura encubierta”. Asimismo, también ha arremetido contra el edil socialista José Pacheco “por haberle entregado la llave a la derecha. Ahora, no nos vale que para lavar su imagen que traigan a todos los ayuntamientos de la provincia la lucha LGTBI, cuando le han abierto las puertas a quienes se la cerraron en su propia cara, el Partido Popular, y a un partido Ciudadanos que en su programa llegó a recoger que no se reconociera como delito específico la violencia de género”. Y por último ha señalado hacia la edil María Fernández-Trujillo, “que en su primera entrevista ha dejado claro que no tiene proyecto para la Fundación de la Mujer. Sólo le ha movido las ansias ciegas de asumir más poder”.

La propuesta conjunta de todos los grupos municipales relativa a que por el Ayuntamiento en Pleno se acuerde iniciar el procedimiento para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Cádiz no ha sido debatida y ha recibido el respaldo unánime de todo el arco plenario.

Tampoco se ha debatido la moción conjunta de todos los partidos políticos relativa a que el Ayuntamiento de Cádiz muestre su solidaridad con la activista española Helena Maleno y rechace la criminalización de activistas y ong que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en las fronteras.

La primera moción del grupo municipal popular ha sido respaldada por todos los grupos, es la relativa a instar a la Junta de Andalucía a que dote en los presupuestos de 2018 el programa aprobado en el Presupuesto andaluz para la creación de un fondo reembolsable de apoyo a la juventud, para la realización de proyectos formativos, de inserción laboral o de emprendimiento. El edil socialista Juan Cantero ha argumentado que la Junta de Andalucía se encuentra “infrafinanciada por el Gobierno del señor Rajoy” y, por tanto, “la Junta tiene que priorizar”. “No se nos puede decir a los socialistas que carecemos de sensibilización social, lo que pasa es que hay que priorizar”. “Vamos a apoyar la moción, sí, pero cuando se pueda”.

Al respecto, el edil de Economía, David Navarro, ha reprochado a Cantero que haya venido al Pleno a “llorar” en nombre de la Junta de Andalucía, “cuando el grupo municipal socialista no para de traer a este Pleno propuestas que conllevan partidas presupuestarias, aun sabiendo en qué situación están las arcas municipales”. El concejal también ha explicado el voto favorable del Equipo de Gobierno: “Vamos a votar a favor porque el 47% de los jóvenes andaluces está en paro y esta iniciativa debe tener su plasmación en los Presupuestos”. Unos presupuestos, ha apostillado, “realizados por el PSOE con la complicidad y la connivencia de Ciudadanos y que han sido un auténtico fracaso”, recordando que dejaron en un cajón la incorporación de 21 millones de euros en los presupuestos andaluces para un Plan Extraordinario de Contratación para la Bahía de Cádiz.

Por su parte, el edil popular Bruno ha defendido que esta propuesta es positiva porque la situación actual no lo es. “Le pedimos a la Junta de Andalucía que tenga entre sus prioridades el empleo y tenga la visión de dedicar más dinero al mismo”. “Proponemos por eso que la ciudad de Cádiz le diga a la Junta que dedique una mayor inversión al empleo”.

La segunda moción del PP, relativa a instar a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía a que presente un nuevo estudio de detalle para la segunda fase de Matadero que incluya las 102 viviendas, en los términos recogidos en los convenios suscritos, ha decaído con los votos en contra, en el primer punto, del Equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos, y con los votos en contra también, en el segundo punto, del Equipo de Gobierno y del PSOE. En concreto, el primer punto pedía que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Vivienda a presentar un nuevo estudio de detalle donde se incluyan las 12 viviendas eliminadas sin previo aviso de la segunda fase de Matadero. Y con el segundo el PP pedía que se retomen en sus términos los convenios entre Junta y Ayuntamiento sobre esta promoción, y especialmente el de 2005, mediante los que la Junta se comprometía a la construcción de 204 viviendas contempladas (102 en cada fase) a cambio del terreno cedido en Matadero, y a la cesión de 32 viviendas al Ayuntamiento de Cádiz para su gestión que corresponderían a esta segunda fase, tras haber renunciado el Ayuntamiento a ese mismo número de viviendas en Astilleros tras la solicitud de la administración autonómica.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha lamentado que el Partido Popular mezcle el estudio de detalle de Matadero, en el que se contemplan 90 viviendas, con la construcción de viviendas de la Junta que seguirán siendo 102, y es por ello que ha pedido al PP la retirada de esta moción. “Así dejan bien clara su irresponsabilidad. Se harán 102 viviendas en Matadero. Por tanto, vuestra propuesta carece de fundamento y no aporta absolutamente nada”. Ha insistido en que han mezclado el estudio de detalle elaborado por el propio PP con las viviendas a construir. “O no conocen su Plan General o pretenden confundir a la ciudadanía”.

Por su parte, la edil socialista Victoria Machuca también ha criticado al Partido Popular por “seguir practicando una política destructiva que lo único que hace es confrontar administraciones”, y al igual que Vila ha insistido en que los populares están confundidos”. Además, la edil ha defendido a la Junta de Andalucía, “que está aplicando la norma”. “¿Eliminar viviendas sin previo aviso es ajustarse a la normativa? Es la intención de la Junta ajustar la edificabilidad permitida”, ha remarcado.

La moción del PP relativa a que el Ayuntamiento cumpla con lo establecido en el convenio aprobado por el Pleno en abril de 2015, con la Orden de la Inmaculada Concepción del Monasterio de Santa María para la concesión de una subvención que ayude a las labores de rehabilitación de ese edificio ha decaído de forma automática tras aprobarse, con el apoyo del PSOE, la enmienda de sustitución presentada por el Equipo de Gobierno proponiendo que desde el Consistorio gaditano se siga prestando colaboración con la Orden de la Inmaculada Concepción del Monasterio de Santa María, para facilitar que encuentren mecanismos de financiación –bien sea a través de ayuda para la presentación de convocatoria de ayudas públicas o la participación de inversores privados- que les permita realizar las labores de rehabilitación del convento.

Vila ha recordado que la moción aprobada en 2015 recogía una subvención de casi 800.000 euros para rehabilitar el edificio, pero la subvención carecía de consigna presupuestaria, reprochando al PP que trajeron este anuncio en el último pleno de su mandato. Un “anuncio electoral”, lo ha calificado. También ha comentado que tanto el alcalde como él se han reunido en varias ocasiones con las hermanas del convento y con la Asociación de Amigos de Santa María, poniéndole la oficina técnica su servicio y ofreciéndoles varias alternativas. “Así que estamos inmersos ya en este tema para encontrar la solución a un lugar que, indudablemente, tiene un gran valor patrimonial”.

Por su parte, Romaní ha lamentado la “patada hacia delante” que supone la enmienda de sustitución, y ha insistido en que el cambio de Equipo de Gobierno ha retrasado y paralizado la rehabilitación de este edificio.  

EL PP también ha presentado una moción relativa a que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo plenario del pasado mes de julio y firme el convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y Enfermos Duales de Cádiz (AFEDU) para incluir talleres informativos sobre las enfermedades mentales y la patología dual en los centros escolares, e inste a la Junta de Andalucía a crear unidades de atención a dichas enfermedades. Esta propuesta ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos.

El grupo municipal popular ha retirado el último de sus puntos, relativo a instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a solucionar, de manera urgente e inmediata, el problema del transporte de los alumnos del Instituto Psicopedagógico Constitución de 1812 de Cádiz. El portavoz ha explicado que se ha hablado con la Administración autonómica y la empresa y se está solucionando este asunto.

Igualmente, el grupo municipal socialista ha retirado su primer punto, sobre la aprobación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Cádiz. La edil María José Rodríguez ha señalado que se le ha pedido al secretario la realización de un trámite de audiencia pública para respetar el procedimiento, y una vez se tenga el informe se volverá a traer a Pleno. Además, ha manifestado su intención de que se pueda traer al Pleno del mes de enero, o a uno extraordinario, de forma conjunta dado el buen ambiente que ha habido en la comisión paritaria.

La propuesta del PSOE en relación a que se adopten medidas básicas para garantizar a accesibilidad universal y no discriminación ha sido aprobada por unanimidad. El edil de Urbanismo ha señalado algunas de las actuaciones que se han realizado y se están desarrollando en esta materia para hacer de Cádiz una “ciudad inclusiva y accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas”. Asimismo, ha calificado como “adecuado” que el PSOE plantee una batería de medidas al Equipo de Gobierno y al Gobierno Central, aunque ha echado en falta que no se lo plantee a la Junta de Andalucía, con objeto de que siga reforzando algunos programas. La edil socialista ha asegurado que se va a instar a “otras administraciones” a que trabajen en este sentido. Y ha reclamado al Gobierno local que, más allá de actuaciones concretas de accesibilidad y peatonalización, mantenga un compromiso con la accesibilidad universal y “se posicione a defender el derecho social de las personas que viven encerradas en sus casas”. La edil ha insistido en que este asunto “no es un tema de accesibilidad, sino social”.

Por estas palabras ha sido criticada por el portavoz del PP, y le ha pedido que hable con la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, “que antepone el patrimonio a lo social”. Y también ha arremetido contra el concejal de Urbanismo, acusándole de no haber hecho nada en materia de accesibilidad en la ciudad.

El debate ha continuado con la iniciativa del grupo socialista relativa a que el Ayuntamiento acuerde la continuidad de los programas de la Fundación Márgenes y Vínculos. Desde el PSOE, José Pacheco, ha defendido que “hay programas que no encajan en el modelo de subvenciones como los plurianuales, de ahí que se deba buscar otra fórmula para poder apostar por este tipo de programas”. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha señalado que “se ha fiscalizado escrupulosamente esta subvención” puesto que es “un deuda heredada del Partido Popular que no ha sabido justificar”.  Fernández ha subrayado que “no pueden solicitarnos que le adjudiquemos a dedo un servicio a una fundación en lugar de seguir apostando por un concurso basado en la competitividad”. Desde el Partido Popular, Mercedes Colombo, ha reconocido que “existe un problema de reconocimiento del pago por parte de la intervención del Ayuntamiento”. La edil popular ha señalado que “no pueden ir a concurrencia competitiva porque el tipo de programa que hace Márgenes y Vínculos no tiene competencia en la ciudad porque no hay otro colectivo que haga lo mismo, de ahí que se puedan hacer convenios”. La propuesta ha salido adelante por unanimidad.

La primera de las dos iniciativas presentadas  por Ciudadanos, aprobada por unanimidad, ha consistido en la petición de modificar el sistema de justificación de la ayuda económica familiar para las beneficiarias del programa de Asuntos Sociales que sean víctimas de violencia de género. La concejala de este grupo, María Fernández Trujillo ha señalado que “existe una preocupación porque se refleje sus datos personales en las facturas que deben presentar para recibir las ayudas por que lo que propone que se justifique las facturas a través de un código numérico”.

Desde el PSOE, María José Rodríguez ha destacado el “derecho de una protección efectiva que tienen las mujeres víctimas de violencia de género, a través de la protección de los datos que pudieran facilitar la identificación de las personas que son víctimas de violencia de género”. A juicio de Rodríguez “existe una quiebra en el sistema de ayudas que debe ser subsanado” por lo que “presentaremos al Instituto Andaluz de la Mujer que se modifique también el sistema de ayudas allí para evitar que esto suceda”.

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha dejado claro que “los funcionarios tienen muy clara la necesidad de proteger los datos”. De hecho, ha mostrado sus dudas sobre la presentación de la propuesta “al hacer público un sistema que hasta ahora se llevaba de forma discreta”. Fernández ha insistido en que “si bien hay que proteger a las víctimas, también es necesario que la Junta de Andalucía, que es a quien tenemos que justificar la subvención, nos acepte la factura puesto que en su orden nos dicen que deben aparecer una serie de datos”, de ahí que haya solicitado que en la propuesta se especifique un procedimiento acorde con lo que determine la Junta de Andalucía.

La última de las propuestas presentadas a petición de Ciudadanos  ha sido relativa a solicitar al Ayuntamiento que acuerde revisar, reponer o instalar, en su caso y a la mayor brevedad posible, botiquines y material sanitario adecuado en todos los centros deportivos municipales, en especial en el Complejo Deportivo Puerto Elcano. El portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha planteado en esta línea si los trabajadores de estos centros tienen nociones básicas de primeros auxilios.

El concejal de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos, ha pedido responsabilidad a los grupos políticos puesto que “hay informes técnicos en los que se confirma que se cumple con la legislación vigente en materia de seguridad, accesibilidad y demanda específica en la obligatoriedad de disponer de desfribiladores automatizados instaladores y registrados en la Consejería competente y con el visto bueno de la autoridad sanitaria, contando en la actualidad con ocho espacios cardioprotegidos”. La propuesta ha salido adelante con los votos de todos los partidos políticos.

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