“Hacinados”, con recursos muy justos para hacer su trabajo diario, que en algunos casos llegan hasta el extremo de estanterías improvisadas por ellos mismos a base de cajas de cartón, y resignados con que su vuelta al edificio San José tardará todavía en llegar. Así transcurre el día a día de los funcionarios de Justicia reubicados en el edificio Carranza entre el mes de diciembre (en el caso del Juzgado de Guardia y de los cuatro de Instrucción), y la última semana (para los Juzgados 1,3 y 4 de Primera Instancia), debido a la “falta de previsión” de la Junta de Andalucía tras decretar el cierre de las dependencias de San José el pasado 19 de noviembre. Hace solo unos días era la propia Consejería de Justicia la que comunicaba que el personal estaría de vuelta al edificio de Los Balbos en la primera semana de febrero, dado que la primera fase de las obras concluiría a finales de este mismo mes. Un plazo que en el seno del Sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia (STAJ) ven inviable y tienen claro que no se va a cumplir. “Entonces los compañeros de Primera Instancia no se habrían mudado también aquí -por el edificio Carranza- hace solo unos días. Hubieran seguido teletrabajando. Esta no es la información que se nos da a nosotros. El último comunicado que tenemos del día 4 es que se dan un plazo de tres meses para que estemos de vuelta”, señala Carmen del Castillo, delegada de prevención del sindicato STAJ, que en su día presentó la denuncia ante la Inspección de Trabajo. Esta previsión sí les cuadra más, independientemente de que tengan claro que si a finales de febrero o principios de marzo no están de vuelta “lo denunciaremos”.
Tampoco están dispuestos a regresar antes de tiempo y tener que convivir una temporada con las obras de la segunda fase, como pretende la Consejería, que llegó a decir que las actuaciones previstas eran compatibles y no interferirían en el día a día de los profesionales.
Van “sobre la marcha”
“La Administración de la Justicia trabaja de cara al público, pero a un público muy diferente: investigados, personas afectada que están declarando, procesos civiles, ...no podemos estar soportando obras”, apunta Del Castillo, que no comparte del todo las manifestaciones de CSIF. “Es verdad que estamos apilados, que no hay privacidad, de hecho van a habilitar una sala para jueces y secretarios en una especie de sala de vistas que se estaba adaptando, pero van buscando soluciones sobre la marcha, es cierto que el lugar no es el idóneo y que estamos hacinados, pero nos consta que se preocupan, esto es algo provisional”. Por su parte, desde la Delegación territorial de Justicia niegan que exista falta de información y defienden haber actuado de forma rápida y “en tiempo récord”.
