Ana Silva, representante de los afectados por el incumplimiento por parte de la Administración autonómica con la construcción de los pisos de la séptima fase del Cerro del Moro, aguardaba paciente y discretamente a que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, finalizara la atención a los medios de comunicación antes de reunirse, acompañado del alcalde, José María González, Kichi, y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez. “Vamos a ver”, respondió cuando, en la escalera de la Asociación de Vecinos Claridad se le preguntó por las expectativas con las que acudía a la cita.

Al término, Silva se mostró “un poquito más animada, algo más ilusionada” que antes de que Maetzu volviera a pisar el barrio, porque confía plenamente en su gestión, pero matiza que, “aunque se ve algo más de color” tras décadas de “engaños”, un auténtico calvario, “no estaremos tranquilos hasta que veamos el primer ladrillo puesto”. Y advierte: no le valen más carteles anunciando las obras, quieren ver albañiles en el solar donde desean contar con un nuevo hogar digno.

“Estamos aguantando el tirón”, lamentó al referirse a las casas en estado ruinoso que habitan. “Tapamos boquetes y tememos que pase cualquier cosa”, admite. Pero también reconoce que los afectados han vuelto a tener esperanza. “Confío en que las obras, que durarán unos dos años y medio, empiecen a finales de 2023...”, deseó.