En un auto de incoación de procedimiento ante un jurado popular, al que ha tenido acceso Efe, la jueza cita a los cuatro imputados para el próximo 23 de diciembre para la comparecencia previa al fin de la instrucción y a la presentación de los escritos de acusación por parte del fiscal y de la acusación popular que ejercen el PP, partido que denunció los hechos en el juzgado, y el PA.
Esta es una de las dos ramas del caso Mercasevilla y en ella están acusados de cohecho tres directivos de Mercasevilla y el representante de la Junta por, presuntamente, pedir al Grupo La Raza una comisión ilegal de 450.000 euros que debían llevar en un maletín y "dejar olvidado en un despacho", como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública.
Dicho auto cita entre los imputados al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla porque, según la declaración policial de Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla que es otro de los acusados, Rivas le llamó por teléfono en diciembre de 2008 para comunicarle que la Junta había concedido una subvención de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería y para decirle que "tenía que pedir a los de La Raza una contribución voluntaria para la Junta de Andalucía de 300.000 euros", exigencia que le reiteró en una segunda llamada el 5 de enero de 2009.
El pago irregular correspondería a 150.00 euros por la acometida eléctrica y 300.000 euros de comisión para la Junta, precisa el auto judicial.
Añade que prueba del presunto delito es la declaración de los dos directivos de La Raza que recibieron la propuesta, que además grabaron una segunda conversación en la que Mellet y su adjunto Daniel Ponce afirmaron que la petición de contribuciones para la Junta "era normal" porque "la Junta de Andalucía colabora con quienes a su vez colaboran con ella".
La jueza impone a los cuatro imputados el pago conjunto, en el plazo de un día, de una fianza de 400.000 euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias.
El auto precisa que no queda duda de la condición de funcionario de Rivas por el ejercicio de funciones públicas designado por la autoridad competente, mientras que respecto a Mellet, Ponce y la funcionaria imputada M. R. P. B. se trata de trabajadores de una empresa propiedad en un 51 por ciento del Ayuntamiento de Sevilla y el 48 por ciento por la empresa nacional Mercasa.
Junto a esta rama del caso Mercasevilla que se encuentra en la fase final de la instrucción, otro sumario investiga la presunta "venta fraudulenta" de los terrenos de la empresa a la constructora Sando, asunto en el que hay diez personas imputadas y dentro del cual hoy declarará como imputado el ex asesor del Grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño.
