El PP exige la dimisión de Rafael Román y Pérez Peralta

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz pidió ayer formalmente la dimisión del portavoz del Partido Socialista, Rafael Román, y su compañero de filas y secretario local del partido en la ciudad, Federico Pérez Peralta.

Esta petición se hacía apenas dos horas después de la finalización del Pleno municipal correspondiente al mes de diciembre. En el mismo se vivieron momentos de dura confrontación, traspasándose por momentos los límites del respeto e incluso de la educación. Gritos, insultos y gestos amenazantes lanzados desde ambas bancadas por parte de los concejales populares y socialistas.

Tras más de cinco horas de intenso debate, el grado de crispación llegó a tal punto que la alcaldesa, Teófila Martínez, en virtud de su cargo de presidenta del Pleno, llegó a calificar lo acontecido como "triste espectáculo", pidiendo a los concejales de su partido que eludieran cualquier tipo de debate y retirando del orden del día el turno destinado a las urgencias. Todo ello mientras se le quebraba la voz y al borde de las lágrimas por la tensión.

En esos momentos se escucharon frases como la dirigida por la alcaldesa al portavoz socialista, diciéndole "no siga usted provocando", a lo que Rafael Román respondía que lo que tenía que hacer era "comportarse como una presidenta". Entre tanto, amenazas de Teófila Martínez de expulsar al socialista Juan Ortuño, duros enfrentamientos verbales y gestuales entre Mercedes Colombo y Marta Meléndez o entre Ignacio Romaní y Natalia Álvarez.

Acusación
Todo esto dio como resultado la convocatoria de una rueda de prensa por parte del Partido Popular para pedir la dimisión de los números 1 y 2 del PSOE. El argumento esgrimido por el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández, para ello fue que los dos ediles socialistas "se han ausentado durante casi todo el Pleno para asistir a un acto de la Diputación, donde al parecer han tomado una copa, y cuando han llegado han tratado de impedir que siguiera hablando la alcaldesa", quien en ese momento tenía el turno de palabra.

José Blas Fernández aseguró que "cuando se han incorporado tenían el único objetivo de reventar el Pleno, usando un nivel no tolerable y con un Román en tono dictatorial". El popular mostró su rechazo a unas actitudes que calificó como “prepotentes”, y que achacó a que “han perdido toda la credibilidad en su partido y lo que pretenden ahora es incendiarlo todo”.

El portavoz del equipo de Gobierno exigió a los socialistas “pedir disculpas a los gaditanos o presentar su dimisión de manera inmediata, porque no se merecen representantes de este nivel”. Así, acusó al principal partido de la oposición de continuos “ataques personales, insultos, amenazas y malas formas” hacia ellos.
El concejal del PP continuó diciendo que “Pérez Peralta se ha creído que los populares del Ayuntamiento son componentes de alguna corriente interna de su partido”, acusándolo una vez más, junto a Román, de “no aceptar las reglas democráticas cuando están en la oposición. Lo que hacen siempre es intentar reventar los Plenos por medio de sus propios concejales o de personas que traen expresamente para hacerlo”.

“La alcaldesa es una provocadora”
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz se mostraba ayer indignado tras conocer que el equipo de Gobierno había pedido su dimisión. “No vamos a consentir ataques constantes. Nos han dicho mentirosos veinte veces en el Pleno”, argumentaba acerca de la actitud de su partido en el día de ayer. Además, Román exigió “una presidencia ecuánime e igual para todos”. El socialista afirmaba que fue Teófila Martínez quien “rompió” el Pleno, “y además no da la cara”, dijo en referencia a su ausencia en la rueda de prensa convocada para pedir su cese y el de Federico Pérez Peralta. Rafael Román considera que al Partido Popular “le ha cegado la mayoría absoluta, pero de ninguna manera van a mandar en el PSOE”. Por último, quiso remarcar su derecho a pedir también “que dimita la señora Martínez, porque no sabe dirigir un Pleno y es una provocadora”.

Se aprueba el reglamento del Consejo para la Inclusión Social

El Ayuntamiento de Cádiz aprobó  el expediente para el reglamento del Consejo Municipal para la Inclusión Social.
Todos los partidos coincidieron en la necesidad de este órgano en un momento en que las necesidades de las familias gaditanas han aumentado considerablemente a causa de la crisis económica. El objetivo del mismo es el de “optimizar los recursos existentes en la ciudad de Cádiz” para que dichas familias no caigan en la exclusión social.

La delegada del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, aclaró que el consejo se reunirá “al menos una vez al año”, además de en cualquier otro momento que sea preciso.

La concejal socialista Marta Meléndez se quejó, no obstante, por la tardanza en aprobar la creación de dicho consejo y porque el reglamento recoja que se reunirá “ordinariamente una vez al año”, lo que calificó como “una tomadura de pelo”, ya que considera que para que sea efectivo debería hacerlo al menos cuatro veces al año.
Además, la socialista recriminó al equipo de Gobierno que el reglamento “no se ha consensuado con los colectivos que trabajan en esta materia en Cádiz”.

En la misma línea se pronunció el único concejal de Izquierda Unida en el consistorio, Sebastián Terrada, quien pidió la inclusión de todos los colectivos ciudadanos que trabajan en pro de las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, al igual que se garantiza que lo harán las cofradías.

atención temprana
Por otro lado, el pleno aprobó, con los votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida, la realización de una propuesta a la Consejería de Salud para que el intervalo de edad de los menores a los que se dirigen los programas de atención temprana se amplíe hasta los 6 años.

El equipo de Gobierno argumentó que en la actualidad estos niños y sus familias carecen de cualquier ayuda económica a partir de los cinco años, antes de entrar por tanto en la educación obligatoria, por lo que tienen que costearse de su bolsillo los caros tratamientos y especialistas que precisan para lograr un avance en su desarrollo. Por ello, se acordó pedir a la Junta de Andalucía un aumento de sus ayudas a este colectivo y a las asociaciones que trabajan con ellos.

Cádiz también recogerá la demanda social de VPO
Finalmente, y después de mucha polémica por el retraso con que el Ayuntamiento ha emulado a los de resto de capitales andaluzas, ayer se aprobó que Cádiz contará con su Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Este sistema será obligatorio a partir de enero para poder adjudicar las VPO que se construyan en Andalucía, por lo que el equipo de Gobierno gaditano se ha visto obligado a acatar la normativa andaluza, haciéndolo, según explicaba ayer el delegado de Vivienda, Juan José Ortiz, “por imperativo legal”.
Con esta medida la Junta intenta que se conozca la demanda real que en cada localidad existe de viviendas protegidas

Los concejales del equipo de Gobierno gaditano mostraron su claro descontento con una normativa que consideran que no necesitan, ya que conocen cuales son las necesidades de los gaditanos. Además, los populares argumentan que la Junta de Andalucía “ha pasado la pelota caliente” a los Ayuntamientos, puesto que “conforme a lo establecido en el Plan Estatal, podía haber pedido este registro a nivel autonómico desde el año 2005, tal como hicieron otras comunidades autónomas como Castilla y León o Extremadura. No obstante, la Junta renunció a la financiación estatal en 2006”.

Por otro lado, Juan José Ortiz declaró que la Junta de Andalucía “no garantiza a la ayuntamientos la financiación para la realización de estos registros, ya que será la administración autonómica la que recibirá las subvenciones del Ministerio de Vivienda, que pueden llegar a un máximo del cuarenta por ciento”.
El edil gaditano continuó diciendo que “no hay ninguna norma legal del Estado que diga que estos registros deban ser municipales. Nadie duda de la utilidad del instrumento, pero esa competencia realmente es obligación de la Junta”.

La alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, añadió que es un sistema necesario para poblaciones donde el reparto de VPO “se ha hecho a dedo”, algo que no ocurre en Cádiz, donde se ha hecho con “una fórmula transparente como es el sorteo, tal como lo indica un informe del Defensor del Pueblo”. Respecto a la supuesta dejación de competencias por parte de la administración andaluza, la alcaldesa recordó que en el Estatuto de Autonomía se recogen las mismas como exclusivas de la Junta.

desacuerdo
A pesar de que la proposición fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos del pleno, los concejales del grupo socialista acusaron al PP de no querer poner en marcha el Registro “porque se van a dar cuenta de que su Plan General de Ordenación Urbana no abarca la realidad de las necesidades de la población gaditana, porque en el PGOU se da prioridad a las viviendas libres”.