La Junta de Andalucía anunció la pasada semana, a bombo y platillo, que no descarta elevar ante el Tribunal Constitucional un recurso que impugne la escuálida partida de inversiones que destinan a Andalucía los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno de Susana Díaz no acepta, por ejemplo, que los algo más de 1.15o millones que recibirá la comunidad apenas alcancen el 13,5% del total cuando su población equivale al 18% del conjunto nacional. Eso entraría en colisión con lo que establece el Estatuto de Autonomía, según se alega desde San Telmo y se jalea desde el PSOE.
Hasta ahí los argumentos, pero otra cosa bien distinta son los efectos prácticos de elevar a mayores el enfrentamiento. En caso de dar el paso (de momento tan sólo se ha esbozado la intención) no sería ni mucho menos la primera vez que un Gobierno andaluz llama a las puertas del TC para protestar contras las cuentas públicas estatales. Lo ha hecho en un buen puñado de ocasiones y en casi todas con ninguno o dudoso éxito. Desde la Junta se asume que una impugnación de ese calibre es más una estrategia para hacer ruido que una solución al “agravio”. Y lo es por dos motivos principales: primero porque el Tribunal Constitucional suele tumbar los recursos alegando la potestad de los Gobiernos centrales para diseñar los Presupuestos con criterios propios (siempre que no excedan los marcos legales) y, sobre todo, porque las sentencias tardan tanto en emitirse que años después ya nadie recuerda ni el argumento que originó la protesta.
En 2012, por ejemplo, la Junta ya amagó con un recurso calcado al que ahora se anuncia. Eran los primeros Presupuestos de Mariano Rajoy tras su desembarco en la Moncloa, gobernaba aún Manuel Chaves y quien lo anunció fue Mar Moreno, entonces portavoz en funciones. Se tiró del mismo argumento: el raquítico porcentaje de inversiones quedaba por debajo del listón del volumen de población y se vulneraba pues lo contemplado en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto. Era el peor tramo del azote de la crisis y todo quedaría luego en un recurso por la vía administrativa cuyo resultado cayó en el olvido.
La Junta ha protestado en varias ocasiones contra el Gobierno central por los criterios con los que ha diseñado sus partidas anuales pero, por lógica, lo ha hecho siempre en tiempos en los que era el PP quien sostenía las riendas del poder. También lo hizo en 2002 y 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar. El primero de ellos protestaba por el sistema de cálculo de la participación de las comunidades en el fondo de compensación interterritorial, y el segundo impugnaba el Presupuesto y también su Ley de Acompañamiento por las cantidades que Andalucía recibiría sujetas a las entregas a cuenta del fondo de suficiencia y al fondo de garantía. En ambos casos todo ello sujeto a un sistema de financiación, el de 1997-2001, que ahora suena prehistórico. El Constitucional tardó en pronunciarse años. En el primero de los casos no contestó hasta 2007 para desestimar las pretensiones de la Junta.
También al contrario
La batalla que más hizo sonar el timbre del Constitucional fue la reclamación de la deuda histórica, argumento recurrente para la Administración regional durante una década. Los gobiernos de Manuel Chaves llegaron a aprobar resoluciones en el Parlamento andaluz año tras año para exigir a los de Aznar que incluyesen las partidas en los Presupuestos. Hubo exigencias, por ejemplo, en 1997, 1998, 1999... El cambio de color político en Madrid mudó los papeles: cuando Rodríguez Zapatero saldó aquella deuda con Andalucía fue, paradojas, el PP quien recurrió ante el TC las cuentas públicas estatales por hacerlo con solares y no en metálico. Y como siempre, se hizo con más ruido que resultados.
Y Moreno rompió por fin su silencio...
A Juanma Moreno le habían llovido críticas durante la última semana, en voz alta desde la Junta e incluso en voz baja desde el interior de su partido, por la nula réplica a las críticas de Díaz sobre el Presupuesto. Su silencio le granjeó incluso el título de “cómplice del agravio” a Andalucía. Este fin de semana por fin respondió para recordar, en línea con el argumentario de su partido, que son unas cuentas “sólo para seis meses” y sugerir a la presidenta que cumpla su Presupuesto antes de criticar las inversiones del estatal.
