En la madrugada del pasado martes, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Badajoz (USECIC), identificó al conductor de un furgón que transitaba por la carretera A-66, dentro del término municipal de Mérida, al cual los agentes intervinieron, tras la inspección de la carga que transportaba, un total de 241 cajas de bacaladillas y pijotas, que carecía de las mínimas condiciones estipuladas en la legislación para su posterior consumo.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota el vehículo, que no posee dispositivo isotermo, hacía imposible la continuidad en la cadena de frío. Igualmente el pescado carecía de documentación que acreditara su legal procedencia, ni etiquetado que demostrase su trazabilidad.
Según manifestó el conductor del vehículo, un vecino de Isla Cristina, el pescado procedente de Huelva tenía como destino su venta en Madrid, hechos que la Guardia Civil investiga.
Facultativos veterinarios del Gobierno de Extremadura levantaron acta al considerar el género no apto para el consumo humano, quedando el pescado a disposición de la autoridad competente.
Ahora, el infractor de los hechos se enfrenta a sanciones administrativas, tanto a la legislación de Salud Pública como a la Ley de Pesca Marítima.
