Las empresas contratistas y suministradoras de bienes y servicios del proyecto minero empresarial de Cobres las Cruces, en la provincia de Sevilla, han alertado de que hay "riesgo de supervivencia" si se extiende por más tiempo la paralización de las actividad en la mina.


En un comunicado, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha informado de que se han reunido en su sede veinticinco representantes de contratistas de Cobre las Cruces para analizar la "práctica paralización del proyecto y la suspensión de las relaciones contractuales anunciadas por la empresa", dado que sigue sin recibir la autorización por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para iniciar definitivamente la actividad extractiva.


Denunciaron que la "drástica reducción" de actividad de Cobres las Cruces incide negativamente sobre la actividad de las empresas contratistas y suministradoras de bienes y servicios, las cuales han llevado a cabo un "considerable esfuerzo inversor" y dan empleo a más de 500 personas de forma directa en la propia mina.


La demora permanente de la Consejería de Innovación para autorizar la continuidad de la actividad minera ha obligado a Cobres las Cruces a reducir al mínimo las actividades subcontratadas con terceros.


La Confederación de Empresarios reitera la necesidad de agilizar los mecanismos de autorización administrativa de la actividad empresarial en Andalucía y considera que la situación de Cobres las Cruces es "paradigmática de la incidencia negativa que la actividad administrativa tiene sobre la competitividad de la economía".


Asegura la CEA que Cobre las Cruces ha cumplido los requisitos exigidos por la administración de aguas y cuenta con importantes empresas andaluzas que han aportado las soluciones técnicas para garantizar la seguridad del proyecto y su adecuación a los parámetros exigidos por las administraciones, de acuerdo con el contenido del Plan Global de Gestión de Aguas.


Advierten que, si se extiende por más tiempo la parálisis de la actividad, numerosas pequeñas y medianas empresas andaluzas de los sectores mineral metalúrgico, control medioambiental, agrario, sanitario, mecánico, montaje y mantenimiento eléctrico, maquinaria y seguridad, todas ellas subcontratistas y prestadoras de servicios del proyecto minero "corren serio riesgo de supervivencia".


Riotinto, el otro proyecto minero sin abrir


Mientras, Emed Tartessus, filial española del grupo internacional chipriota Emed Mining, que trabaja en la reapertura de las minas de Riotinto (Huelva), prevé operar en estas instalaciones durante más de catorce años con la idea de extenderlos diez años más, según informaron a Efe desde la compañía.


A través de la explotación de este depósito, que contiene al menos 600.000 kilotoneladas de cobre, según cálculos de la compañía, se espera dar trabajo a 450 personas "con las mejores prácticas internacionales de operación y las garantías financieras adecuadas para proteger los derechos de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente".


Con respecto a los antiguos propietarios de la mina, indicaron que en la actualidad se ha transferido la mina y la planta de procesamiento de Mantesur a Emed Tartessus.


Por lo que respecta a Rumbo 5.0, afirmaron que posee algunos terrenos por cuyo valor tiene derecho a una compensación pero no posee derechos mineros.


Por ello, la empresa considera que puede reanudarse la producción de la Mina de Riotinto al margen de las disputas legales sobre su propiedad, pues Emed Tartessus es, según el Registro de la Propiedad, el dueño legítimo y ha venido desempeñando la responsabilidad por la mina desde julio de 2007.


En este sentido, Harry Anagnostaras-Adams, consejero delegado de Emed Mining, apuntó que las disputas entre terceras partes sobre la antigua propiedad no son de la incumbencia de Emed Tartessus.


"Estamos en Riotinto para reabrir esta mina con todas las garantías y en cumplimiento con todos los requerimientos que las autoridades reguladoras entiendan necesarios y cualquier estándar que pretendamos implantar", indicó, al tiempo que precisó que "en el caso de los propietarios de terrenos, existen procesos legales que gestionan este tipo de situaciones".