Una de las deficiencias más notables del actual sistema fiscal español es su ineficiencia como demuestra que la recaudación total en relación con el PIB es un 8% inferior en nuestro país en comparación con otros países de nuestro entorno a pesar de contar con hechos imponibles y tipos impositivos iguales o incluso superiores posiblemente provocado por la falta de equidad, por la gran cantidad de exenciones y deducciones existentes y por la elusión fiscal. Resulta por tanto imprescindible iniciar un proceso de reforma del actual sistema fiscal que ha dado su primer paso con la propuesta elaborada, a instancias del propio gobierno, por un grupo de expertos.
En principio acometer una iniciativa de esta naturaleza, debe estar presidida por varios objetivos básicos centrados en mejorar el equilibrio de las cuentas públicas mediante el incremento de la recaudación total, impulsar el crecimiento económico y coadyuvar a resolver el problema del déficit público, objetivos que deben ser complementados con la revisión, en profundidad, del gasto estatal total que actualmente se eleva al 47% del PIB para reducirlo progresivamente en casi ocho puntos hasta el 2016. Posiblemente el efecto más deseado de todas estas reformas deba concentrarse en liberar recursos inmediatos para destinarlos a las economías familiares para estimular al consumo facilitando una mayor actividad económica que desemboque en la ansiada creación de empleo neto.
La propuesta elaborada por el grupo de expertos ha abierto el gran debate en torno a los diferentes criterios a aplicar en esta reforma. El núcleo central de la misma estaría centrado en acometer una mayor flexión en los tipos directos relativos al IRPF, que incluye la eliminación del método de estimación por módulos y un aumento del mínimo familiar exento, Impuesto sobre Sociedades y Cotizaciones Sociales para apuntalar la incipiente recuperación, que debería ser compensados, según el informe, con una subida del IVA, que unos asignan al tipo general y otros la concretan en una traslación de los tipos más reducidos hacia escalas superiores. El documento contempla, además, alterar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social revisando en profundidad sus fuentes de financiación, ahora exclusivamente centradas en las cotizaciones. Otros aspectos a modificar se refieren al tratamiento impositivo de las rentas del capital, cuya variación perseguiría fomentar más el ahorro fijando un tipo único del 20%. Esta cesión estaría compensada con el incremento del IBI para la vivienda en propiedad, la eliminación gradual de la deducción por vivienda y la remodelación y aumento de los impuestos indirectos.
La últimas manifestaciones vertidas por los ministros responsables del área económica, sobre los que, en definitiva, recae la responsabilidad de conformar las modificaciones finales, declinan cualquier incremento de IVA, como han aconsejado los expertos, posiblemente basadas en los buenos resultados recaudatorios obtenidos por este concepto que, según los últimos datos publicados, ha aumentado un 6%, confiando en que la mayor actividad económica facilite un incremento progresivo de esta partida para compensar las detracciones comentadas.
