La organización Ecologistas en Acción acusó ayer al director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, de "anteponer los intereses" de la compañía minera Cobre las Cruces a la "integridad" del acuífero Niebla-Posadas y el río Guadalquivir a tenor del beneplácito dado por Palop al Plan Global de Gestión de Aguas creado por la empresa para recuperar la concesión administrativa correspondiente al sistema de drenaje y reinyección, una autorización actualmente suspendida a cuenta de sucesivos incumplimientos del contrato. 


En un comunicado, Ecologistas en Acción lamentó que Palop haya respaldado en una entrevista concedida a Europa Press el Plan Global de Gestión de Aguas elaborado por Cobre las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, a tenor de que dicho documento, aún pendiente del visto bueno definitivo para reactivar totalmente y en firme el sistema de drenaje y reinyección instalado sobre el citado acuífero, eleva a 915.211,42 metros cúbicos la "demanda neta" anual de agua de la explotación minera, que consumiría más de 12 millones de metros cúbicos de agua en 14 años. 


Mientras la empresa espera la luz verde a este documento para recuperar la concesión administrativa del sistema de drenaje y reinyección y, por ende, autorización para reanudar las excavaciones en el fondo de la mina, Ecologistas en Acción recordó que en 2005, el por entonces Ministerio de Medio Ambiente prohibió a la empresa extraer 2,5 millones de mmetros cúbicos de agua del acuífero, toda vez que "ahora a la Junta de Andalucía le parece "plausible" aprobar una extracción de 12,8 millones" para 14 años. 


Tal prohibición, según ecologistas en Acción, partía de tres informes técnicos y legales que declaraban la "incompatibilidad" de la solicitud de Cobre las Cruces con el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG). Según los documentos recopilados por la organización, la primera solicitud de Cobre las Cruces del año 2001 incluía tres posibles captaciones de aguas procedentes del acuífero Niebla-Posadas: 160.000 metros cúbicos por año para usos mineros correspondientes a las aguas del sumidero de fondo de corta, 20.000 para usos domésticos (incluida bebida) y otros 2,5 millones de metros cúbicos sólo durante los dos primeros años de excavación de la corta minera. 


El entonces comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Agustín Argüelles, declaró que en relación con la captación inicial de 2,5 millones de metros cúbicos que "en su planteamiento actual, no es compatible con los enunciados y propuestas del PHG". El 23 de octubre de 2001, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG, Antonio Silgado, en su "Informe de compatibilidad con el PHG", declaró legalizables exclusivamente los 180.000 metros cúbicos de las dos primeras captaciones, considerando que, aunque las normas del PHG no autorizan los usos industriales en esa zona, podrían comprar esos derechos de agua, "sin incremento alguno de los caudales extraídos, siempre que se demuestre que se pueden considerar como sustitución de captaciones existentes, que quedan anuladas por la explotación minera". 


El PHG del Guadalquivir es el mismo


"Nuevamente se declaraba ilegal la captación de los 2,5 millones de metros cúbicos de los dos años iniciales, y ello porque la subunidad Gerena-Cantillana del acuífero está declarada como sobreexplotada por el artículo 62 de las normas del PHG y, en consecuencia, es de aplicación del artículo 171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH). La CHG confirmó el 2 de enero de 2002 el informe de compatibilidad con el PHG y, cuando la empresa pudo justificar la compra efectiva de los derechos de agua, la CHG otorgó la concesión exclusivamente para 160.000 metros cúbicos de agua por año de uso minero y 20.000 de uso doméstico a través del sistema de drenaje y reinyección. 


"Jaime Palop conoce perfectamente el PHG porque ha sido jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Comisario de Aguas y jefe del Servicio de Calidad de Aguas en los años 90 y presidente de la CHG entre el 30 de abril y el 22 de octubre de 2004, coincidiendo con la tramitación de la concesión de Las Cruces", señaló Ecologistas en Acción para lamentar que cuando la Junta lleva sólo dos meses con las competencias del Guadalquivir, considera "plausible", es decir, "recomendable" y "digno de aplauso" que se pueda otorgar Las Cruces una concesión de aguas del acuífero de 12,8 millones de metros cúbicos para los 14 años previstos de explotación, con una media anual de más de 900.000 metros cúbicos. "Pero resulta que el PHG del Guadalquivir, ahora en 2009, sigue siendo el mismo que antes, y por tanto, lo que antes era ilegal, sigue siendo ilegal" 


"Parece evidente que, una vez más, en materia de medio ambiente y defensa de la salud de los andaluces, la Junta de Andalucía va a optar por la prevalencia de las directrices políticas sobre el interés general", concluye el comunicado de los ecologistas. 


La Junta no dará su autorización hasta que terminen las alegaciones


Por su parte, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, aseguró que la Junta se encuentra a la espera de que se realice el proceso de alegaciones ante el Plan Global de Gestión de Aguas de Cobre Las Cruces para decidir sobre la reapertura de la mina, "una vez que se garantice que no habrá perjuicio alguno para el acuífero". 


A preguntas de los periodistas, tras asistir a la presentación de la nueva sede social del área de alto rendimiento de Everis en Sevilla, Vallejo recordó que la Junta de Andalucía paralizó las perforaciones de Las Cruces ya que la firma tomó "algunas decisiones que no tuvieron el cuidado exigido". 


En esta situación, se instó a la empresa a que presentara otro plan en el que se garantizara el buen funcionamiento de los sistemas y que fuera avalado por un organismo competente, en este caso, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para poder volver a los trabajos de explotación de las instalaciones. 


"A la vista de las alegaciones y de conformidad con la Agencia Andaluza del Agua, se tomará una decisión sobre que se retomen las actividades de excavación en la corta una vez que se garantice que no habrá perjuicio alguno en el acuífero", concluyó. 


Por otro lado, la compañía minera Cobre Las Cruces consiguió el 66,6 por ciento de las ayudas aprobadas en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla incluidas en el Programa de Ayudas a las zonas declaradas de acción especial en 2002, según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 


El informe señala que la Franja Pirítica de Huelva y de Sevilla tuvo la media más alta de inversión y subvención por expediente, pero un sólo expediente, el SE/002 Cobre Las Cruces SA, representa el 87,6 por ciento de la inversión y el 66,6 por ciento de la subvención. 


Asimismo, indica que la distribución de la ayuda en el periodo analizado, que va del 2000 al 2005, "no ha sido uniforme", por lo que el mayor porcentaje resuelto se produjo en 2003 donde se alcanzó el 38 por ciento sobre la totalidad de las subvenciones concedidas. 


Por zonas, en la provincia de Cádiz, La Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera y el Campo de Gibraltar alcanzaron el 55 por ciento de la ayuda frente al 45 por ciento que representa el resto de zonas.