La Junta de Andalucía rechaza que muchos familiares estén sacando a los ancianos de las residencias en las que están ingresados desde hace años para poder cobrar ayudas económicas al amparo de la Ley de Dependencia, una práctica contra la que está tomando medidas.

Así lo ha dicho la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, quien, en una entrevista con Efe, ha subrayado que “nos encontramos con personas que llevan tiempo en una residencia y que los familiares quieren sacarlos y pedir una ayuda económica”.

Sin embargo, la consejera considera que, “por lógica”, la situación de ese anciano habrá empeorado unos años después de que su familia o él mismo decidiera ingresar en una residencia, por lo que están ateniéndose a lo que dictaminan los técnicos y no al deseo expresado por los familiares.

La consejera ha criticado que “nadie discute” al médico cuando determina un tratamiento y, sin embargo, sí se pone en duda en numerosas ocasiones el dictamen de los trabajadores sociales.

Micaela Navarro ha indicado que este tipo de problemas es un ejemplo del excesivo número de prestaciones económicas que se están registrando con la Ley de Dependencia en Andalucía, por lo que están “desincentivando” ese tipo de ayudas y las que supongan un “plus”, como las que incluyen 45 días de vacaciones a las personas cuidadoras.

Para ello, la consejera ha señalado que han modificado la orden del 3 de agosto de 2008, que recoge el decreto que desarrolla la ley. Así, explicó que en Andalucía hay 40.000 ayudas que son prestaciones económicas de las 99.000 personas que ya reciben algún tipo de prestación relacionada con la Ley de Dependencia, según datos cerrados al 25 de febrero pasado.

Hasta esa fecha, en Andalucía se han presentado 254.000 solicitudes, de las que han sido valoradas el 83% y que han determinado que tienen derecho a recibir una prestación 150.000.

La consejera ha atribuido ese “desfase” de las prestaciones económicas a los datos recogidos en el Libro Blanco de la dependencia, en el que se cifraban entre 35.000 y 42.000 los grandes dependientes, cuando ahora se sabe que hay más de 150.000.

El desfase también se debe a la “realidad oculta” con personas mayores que son atendidas en sus casas y que no se planteaban otra opción, pero que ahora, al saber que tienen la alternativa de pedir una ayuda, la están solicitando.

Tras indicar que el presupuesto “inicial” de este año para la ley es de 530 millones de euros, ha subrayado que esa cifra se aumentará porque en 2008 la cifra original era de 270 millones y el cierre ha demostrado que superará los 500 millones.

Navarro ha garantizado que en Andalucía se desarrollará la Ley de Dependencia, “no en función del presupuesto, sino de las necesidades que reconoce la ley” y aplicando “los recursos más idóneos para las personas”.

Además, la consejera ha pedido que el Gobierno distribuya los fondos de esta Ley teniendo más en cuenta las personas atendidas.