El Servicio Andaluz de Salud procedió en febrero de 2024 a anular de oficio dos de los seis contratos menores que encargó el Área de Gestión Sanitaria de Osuna entre 2020 y 2021 denunciados por CGT ante la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), que ha dado por finalizada su investigación sobre las irregularidades que el sindicato detectó en la gestión del exdirector económico-financiero de Osuna, a pesar de que el SAS aún no ha cerrado el procedimiento abierto por Transparencia contra Salud, y apuntando que “no se ha llevado a efecto ninguna actuación” en materia de personal “ya sea por su posible prescripción o por la supuesta imposibilidad de acceder a los archivos”.

La investigación iniciada por la OAAF tiene su origen en la denuncia presentada por CGT en febrero de 2021, hace cuatro años, sobre las irregularidades en la gestión del que fuera director económico-financiero del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz, que incluía la contratación de obras de mantenimiento y conservación de la fachada del Hospital de la Merced de Osuna, realizados entre los años 2020 y 2021, que chocaban con la existencia de un contrato marco de mantenimiento, adjudicado a Ferrovial y prorrogado hasta 2023, poniéndose en cuestión seis contratos menores, realizados en breve tiempo y a las mismas empresas, que parece que “podría estarse pagando dos veces por la misma prestación”.

En materia de personal, CGT acusaba a Casto Ortiz de cobrar “nóminas complementarias falsas”, irregularidades en el acceso a la oferta de empleo por la que consiguió la plaza y falsedades en los méritos que presentó para consolidarla. Posteriormente, la OAAF amplió la investigación con una pieza separada por el acceso de personal ajeno al SAS, una administrativa del Ayuntamiento de La Lantejuela, a datos clínicos y personales de pacientes, lo que ha derivado en la apertura de una sanción por parte del Consejo de Transparencia contra el SAS, ahora en fase de alegaciones.

Cuatro años después

Tras cuatro años y tras confirmarse el expediente sancionador por parte de Transparencia, del que se hizo eco Viva Sevilla, CGT recibió este sábado, 15 de marzo de 2025, la notificación de la OAAF del “Acuerdo Final de Investigación”, al que ha tenido acceso Viva y en el que considera cumplida la resolución “en algunos de sus términos”, y da por válida la actuación del SAS, que no es otra que confirmar que “no se ha llevado a efecto ninguna actuación relativa a las irregularidades detectadas en materia de personal, ya sea por su posible prescripción o por la supuesta imposibilidad de acceder a los archivos”, e informar que “sí se ha iniciado la revisión de oficio de los contratos incursos en causa de nulidad”.

El cierre de la investigación incluye las resoluciones emitidas por el SAS, que confirman que los dos contratos, la pintura de las fachadas exteriores del hospital (adjudicado a Andaluza de Señalizaciones por 47.843,40 euros) y la reparación de fachadas y cornisas del mismo hospital (45.556,50 adjudicados a Ferrovial Servicios Auxiliares), fueron anulados “al haberse utilizado la figura del contrato menor existiendo una única “unidad funcional”“, un convenio marco ya adjudicado y que incluía este tipo de trabajos, lo que incurría en causa de “vicio de nulidad”.

La denuncia de CGT incluía seis contratos, además de estos dos en los que sí se han detectado vicios de nulidad, y todos se habían realizado en breve tiempo y a las mismas empresas. Es la primera denuncia conocida de fraccionamientos de contratos en la Consejería de Salud, antes de que se iniciaran los procesos judiciales actuales.

La Central de Compras de Sevilla procedió a iniciar el expediente de revisión de oficio el 15 de febrero de 2024, hace más de un año. El SAS deja claro en su informe a la OAAF que, a pesar de que los dos contratos supusieron un menoscabo de casi 94.000 euros, el expediente instructor se cierra “por inexistencia de actuación alguna susceptible de sanción disciplinaria”, con fecha del 26 de diciembre de 2023.

Unos días antes, el 19 de diciembre de 2023, la nueva directora gerente del Área Sanitaria de Osuna, Belén Lozano, había comunicado a Casto Ortiz su cese (no sin polémica) como Jefe de Personal del hospital, cargo que había asumido tras su dimisión como director económico-financiero en julio de 2022.

“Esfuerzo inasumible”

En cuanto a las irregularidades en materia de personal, (nóminas complementarias y acceso y consolidación de plaza), el SAS apunta que en enero de 2024 la Dirección Gerencia del Área Sanitaria de Osuna ya emite una resolución declarando la “caducidad del proceso selectivo” de 1998, lo que abriría la puerta a la prescripción, y además se escuda en el “esfuerzo inasumible” que supondría revisar todo el expediente de consolidación de empleo de 2001, a lo que suma el “tiempo transcurrido”.

En cuanto a la pieza separada que abrió la OAAF para que “se depuren responsabilidades por el SAS en relación con el otorgamiento de acceso al portal Diraya a personal ajeno al sistema sanitario público de Andalucía”, en referencia a la autorización para acceder a datos clínicos y personales de pacientes a una trabajadora del Ayuntamiento de La Lantejuela, igualmente Antifraude da por finalizada la investigación al considerar que las “Administraciones con competencias en la ejecución de los términos del traslado han adoptado actuaciones al respecto”.

Sanción de Transparencia

No obstante, la propia OAAF considera que “no pueden ser valoradas en todos sus términos las actuaciones ejecutadas por el SAS en lo relativo a la posible incoación de expedientes disciplinarios al personal o cargos de dicho organismo que autorizaron el acceso de personal ajeno al SAS a la aplicación Diraya, en cuanto que dicha información no ha sido aportada al expediente por la Administración sanitaria”, por lo que insta al SAS a proceder a su comunicación en cuanto se realice. 

Según informó el SAS a Viva, el expediente se encuentra en estos momentos “en periodo de alegaciones”.

Depurar responsabilidades

Tras recibir la resolución de la OAAF, el sindicato CGT ha confirmado que no cesarán hasta que se depuren todas las responsabilidades por estas irregularidades, recordando que el hecho de que se revisen de oficio dos de los contratos menores que se realizaron en época de pandemia en el hospital de Osuna confirma que se realizaron fuera de la Ley, recordando que esos fondos son públicos, han sido “ejecutados y cobrados” y no debe “quedar sin castigo”.

El sindicato además revisará toda la información aportada por la Oficina Antifraude para comprobar si realmente hay prescripción de delitos y exigir las responsabilidades pertinentes.