El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado a declarar como investigadas durante los próximos meses de marzo y abril a 21 personas en la causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y ha ampliado el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses.
Entre los investigados, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, se encuentran el ex director general técnico de la Faffe Fernando José V.R. y la directora económico-financiera, Ana V.R.
En un auto, notificado este martes a las partes personadas y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado pide a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que emita un informe sobre relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe desde 2007 hasta su extinción o liquidación en 2011.
También solicita relación y número de los expedientes de reintegro o de revisión de oficio iniciados o tramitados sobre tales subvenciones con las deficiencias e irregularidades apreciadas.
El juez pide además relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha fundación tras su liquidación por el SAE.
Asimismo, el juez reclama a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentación e información sobre la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas.
Contratación 'irregular'
Según el instructor, de lo actuado se deducen indicios delictivos sobre la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, con diversas pero conexas conductas en el seno de la Faffe sobre la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones.
En este procedimiento se investigan presuntas irregularidades en materia de contratación de proveedores de la Faffe, ya que existen indicios de que habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera al menos en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010.
Según el análisis de la UCO, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9,46 millones de euros.
El juez alude igualmente a la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del SAE.
