La Sección Primera de la Audiencia, en un auto al que tuvo acceso Efe, dice que existen indicios suficientes de la participación de los cuatro imputados y confirma además la fianza de 400.000 euros que les impuso la juez de instrucción, que resulta “legal y proporcionada” a la posible multa que lleva aparejada la cuantía de la comisión.
En el caso están imputados Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria M. R. P. B, acusados de pedir comisiones ilegales al Grupo La Raza como condición de para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
Rivas recurrió su procesamiento porque se basó sólo en la declaración de Mellet ante la Policía, pero la Audiencia responde que también la ratificó ante la Fiscalía, a la que dijo que “no le extrañó” recibir de Rivas la indicación de que debía exigir esa “contribución voluntaria” a los empresarios de La Raza.
En este momento procesal, la juez instructora no se equivocó al valorar la verosimilitud de las declaraciones de Mellet, dice el auto, ya que tanto él como Ponce “no se han retractado de ellas ni han sido contradichas más que con la declaración del propio Rivas”.
La magistrada María Auxiliadora Echavarri ha dictado su resolución, de 32 folios, en un solo día, y en ella confirma que el presunto delito imputado es el de cohecho y, por lo tanto, competencia de un jurado popular.
La Audiencia confirma además que los acusados tienen la consideración de funcionarios públicos, pues Mercasevilla “ejerce una indudable función pública, encargada de la prestación de un servicio público de competencia local, con capital mayoritariamente público” aunque se regule por normas privadas.
Respecto al recurso del PP, que pidió ampliar la causa a las presuntas irregularidades en la previa subvención de 900.000 euros concedida por la Junta a la Escuela de Hostelería, el auto dice que la concesión de una subvención excepcional como esta tiene “amparo legal” y añade que “no consta el más mínimo indicio” de que su concesión respondiese a “un plan preconcebido” entre los imputados y altos cargos de la consejería de Empleo.
Respecto a la funcionaria M. R. P. B, que también recurrió, los jueces responden que “resulta a priori poco creíble que delante de una persona ajena a los hechos de forma abierta se solicite una comisión que hasta una persona no técnica sabe que es ilegal”.
El PP critica la actitud de Fernández
El portavoz adjunto del grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez considera “intolerable” que el ex consejero de Empleo y diputado autonómico del PSOE Antonio Fernández no haya asistido a la comparecencia a la que estaba llamado como testigo en el caso Mercasevilla.
Para los populares, se trata de una “estrategia de partido” para “obstruir” la investigación judicial.
Beltrán Pérez recordó que el ex consejero de Empleo “sabía, y eso es fehaciente” que la citada instancia judicial le había llamado a declarar este jueves en calidad de testigo, excusando su incomparecencia con la coincidencia de la sesión plenaria. “Lo estaban buscando, ha leído ampliamente en los medios de comunicación que estaba citado”, lamentó el concejal del PP, quien cree que Antonio Fernández “deliberadamente, no acudió con excusas inadmisibles”. “José Antonio Griñán podría haberle exonerado de ir al Parlamento”, consideró aludiendo al presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz.
En ese sentido, cuestionó las palabras en las que el ex consejero manifestaba su intención de colaborar con la Justicia, porque, a su juicio, la incomparecencia de Antonio Fernández responde a “una estrategia de partido del PSOE-A, una maniobra dilatoria y de obstrucción”.
