El Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona lleva a cabo una investigación secreta relacionada con el despacho Equipo Económico, una consultoría fundada por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, de la que años después se desvinculó.
Según ha avanzado 'El Independiente' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, esta causa guarda relación con la archivada en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, que se dirigía contra esta misma consultoría por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil.
Sobre el caso archivado, que arrancó en 2017 a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con una adjudicación que le habría dado el Consejo Superior de la Cámara de Comercio, el que fuera ministro del Gobierno de Mariano Rajoy explicó que cuando dejó la consultoría aún no se había contratado con ninguna administración.
Las fuentes consultadas indican que la causa investigada ahora por el juzgado catalán es la misma sobre la que la Fiscalía Anticorrupción celebró una junta el pasado 26 de septiembre para avalar el criterio de su jefe, Alejandro Luzón, el cual se oponía a celebrar una serie de pesquisas que la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, quería llevar a cabo.
CHOQUE EN ANTICORRUPCIÓN
La fiscal invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar junta.
Fuentes fiscales explicaron entonces que se trata de un mecanismo excepcional, por cuanto resulta inusual que los fiscales recurran al mismo. En el caso de García Cerdá, no es la primera vez que difiere de Luzón.
En 'Púnica' han sido sonadas las diferencias entre el jefe de Anticorrupción y las fiscales de la causa, tanto García Cerdá como Teresa Gálvez. De hecho, éstas optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 --sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid--, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.
