Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Servicio Marítimo y funcionarios del Servicio de Inspección pesquera del MAPA, han precintado una embarcación de pesca en el puerto pesquero de Sanlúcar, a la que intervinieron 250 kilos de merluza de un tamaño inferior al legalmente establecido.

La intervención de los agentes se llevó a cabo durante la jornada del lunes en el muelle de Bonanza, donde, al inspeccionar el arrastrero Nuevo Deseado, descubrieron una oquedad que se había realizado detrás del espejo del cuarto de baño del barco, a través de la que se accedía a un compartimento oculto y que era utilizado para esconder las capturas ilegales.

En el interior del barco de arrastre, dedicado a la pesca profesional y con base en el puerto de Sanlúcar, los agentes encontraron un total de 34 cajas de merluza, con ejemplares que apenas alcanzaban los 13 centímetros mientras que la normativa establece que las capturas mínimas para esta especie se sitúen en 27 centímetros.

COMERCIALIZACIÓN

La Guardia Civil baraja la posibilidad de que la mercancía interceptada tuviera como destino la Feria de Abril, en Sevilla, ya que esta especie, comercializada popularmente como pijotas, suele ser muy apreciada en los eventos festivos de estas características en el sur de España. En base a esta hipótesis, se estima que la comercialización de la cantidad de pescado intervenida habría alcanzado en el mercado alrededor de los 8.000 euros, ya que se utilizan vías alternativas a los cauces de comercialización habituales que hacen que se incremente considerablemente el valor de la mercancía.

El armador de la embarcación sanluqueña se enfrenta ahora a una posible sanción al haber infringido la ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado. La captura de especies inmaduras está catalogada como una infracción muy grave de esta norma legal, lo que podría ocasionar multas de hasta 300.000 euros. Además, la Ley establece otras sanciones accesorias como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras durante un tiempo inferior a cinco años, decomiso de los productos e incluso la imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas durante un tiempo no superior a los tres años.

Tras decomisar la mercancía, la Guardia Civil procedió a precintar el arrastrero, que ha sido puesto a disposición de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.