Los diputados nacionales del Partido Popular Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón han presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados, así como una batería de preguntas, en las que se solicita al Gobierno información y datos sobre la proliferación de cultivos ilegales de marihuana en viviendas de la provincia, concretamente en Almería capital, Roquetas de Mar y El Ejido.
Según ha explicado Matarí en un comunicado, "lo que pretendemos es instar al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias, y a procurar los medios humanos y materiales precisos, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de manera eficaz contra la proliferación de estas plantaciones ilegales de marihuana en viviendas".
El diputado popular ha afirmado que ha quedado demostrado que solo con la intervención de las citadas fuerzas "se reduce significativamente la incidencia" en las zonas donde actúan. Por ello, Matarí ha señalado que es necesario una mayor dotación y más medios para atajar un problema que hasta el momento la Subdelegación del Gobierno en Almería: "No se ha tomado en serio".
Por otra parte, el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y los alcaldes de Almería y El Ejido, Ramón Fernández-Pacheco y Francisco Góngora, han pedido que se desmantelen los enganches ilegales y las plantaciones que están provocando una enorme preocupación a los vecinos afectados. "Son muchos los vecinos que pagan religiosamente su factura de la luz, muchos en situación de vulnerabilidad, y a todos les resultan muy perjudiciales los cortes de luz que se vienen produciendo continuamente como consecuencia de los enganches ilegales".
Por ello, "pedimos al subdelegado del Gobierno en Almería que deje a un lado la pasividad que le caracteriza y pase a la acción dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para actuar contra estas mafias y contra las plantaciones ilegales que tanto daño hacen a la provincia de Almería", han asegurado los alcaldes.
Finalmente, desde el PP explican que esta actividad ilegal tiene el riesgo de provocar en la provincia una situación que pueda convertirla en un centro de producción y narcotráfico por el efecto llamada que se está produciendo y esperan que el Gobierno actúe con diligencia para acabar con un problema que cada día va a más.
