La promotora Azata ha trasladado su "disposición" para "cumplir el marco legal" y "resolver" el conflicto en torno al hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), al tiempo que ha mostrado abierta a "colaborar" con la administración.
"Estamos dispuestos a colaborar con la administración y abiertos a lo que nos quieran plantear que esté dentro del marco legal para resolver el problema", ha indicado el presidente de la empresa, José Rodríguez, no sin antes remarcar que lo que ha anulado en firme el Tribunal Supremo (TS) "no fue nuestra actuación, sino la actuación de la administración pública".
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha declinado valorar el anuncio del líder del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien en el debate sobre el estado de la comunidad avanzó una partida en los presupuestos para "empezar los primeros trabajos de demolición del Algarrobico", y ha recordado que la promotora obtuvo en 2003 una licencia de obras "que es legal conforme a la normativa autonómica y municipal vigente y aprobada dos años antes de que compraremos los terrenos y que luego fue anulada por el Supremo".
"Cumplimos la normativa en todo momento, la que estaba vigente, y la que, efectivamente, fue anulada posteriormente, pero, lo recalco, esa norma urbanística estaba aprobada dos años antes de que comprásemos los terrenos y nosotros obtuvimos una licencia completamente legal en base a esta", ha afirmado en la misma línea en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluyó en sentencia firme en 2014.
En esta línea, Rodríguez ha apuntado que lo que "ha traído a la situación actual" en torno al hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones ha sido el hecho de que "tres administraciones aprobasen una norma urbanística, la publicasen, las empresas cumpliésemos al construir y luego, se anulase esa norma".
"Eso es lo que nos ha traído hasta aquí y es bueno recordar que había un Plan Parcial para el sector ST-1 aprobado por todas las administraciones, en base al que se nos dio la licencia, y que lo que después ha resultado anulado no fue nuestra actuación sino que fue la actuación de la administración pública", ha insistido en alusión al fallo de 2016 del Alto Tribunal que declaró que El Algarrobico y El Canillar, donde también estaba previsto desarrollo residencial, son áreas ambientalmente protegidas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y no son urbanizables.
El presidente de la empresa promotora del hotel ha trasladado que cualquier administración "puede anular la licencia y puede derribar el edificio" y al ser interpelado sobre una posible responsabilidad patrimonial por la que debería articularse indemnización por daños y perjuicios, ha respondido con un escueto "está en el trámite".
Ha señalado, en este punto, que Azata "ya negoció" en 2006 con el entonces Ministerio de Medio Ambiente "la indemnización del hotel". "Se negoció y estuvo cerrado", ha concluido.
