El Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados se han opuesto a citar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.
Así se han pronunciado la Fiscalía y las defensas de los acusados en la sesión de este lunes sobre una de las pruebas testificales planteadas por la representación del PP-A en sus cuestiones pruebas, en las que solicitaba que testificará la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Según la representación del PP andaluz, de las declaraciones de Susana Díaz y del contenido de sus "comparecencias públicas" se deduce que la actual presidenta de la Junta tiene un "amplio conocimiento" de los hechos investigados.
Además, el PP de Andalucía recordó en su presentación de las cuestiones previas que "durante el mandato" de Susana Díaz como consejera de Presidencia e Igualdad --entre junio de 2012 y septiembre de 2013-- fue promulgado un decreto para la convalidación de las ayudas extraordinarias concedidas para la prejubilación de trabajadores afectados por empresas en crisis.
En este sentido, la Fiscalía y las defensas han considerado que no procede pedir la citación de Susana Díaz como testigo. Así, Pablo Jiménez de Parga, abogado del expresidente de la Junta Manuel Chaves, ha rechazado esta testifical porque "no se dan los requisitos", a lo que se han sumado el resto de abogados.
"CONTAMINACIÓN POLÍTICA PARTIDARIA"
Por su parte, Víctor Moreno Catena, letrado defensor de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, ha criticado la "contaminación política partidaria" del proceso con la propuesta de llamar como testigos a cargos públicos en activos de la Junta o que fueron altos cargos de la Junta, entre otros, la presidenta de la Junta. En este punto, ha apuntado que el auto de procedimiento abreviado pone el fin del procedimiento específico el 1 de abril de 2011, un antes de que Díaz fuera nombrada consejera de Presidencia e Igualdad.
En este sentido, el letrado ha recordado que en su escrito de defensa, por contra, no ha citado a declarar a cargos públicos de la Administración del Estado como Javier Arenas y Eduardo Zaplana como ministros de Empleo o al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por su condición en años anteriores de delegado del Gobierno en Andalucía.
Para la defensa de Martínez Aguayo, el tribunal "debería tomar en cuenta que no procede", y ha solicitado que "se dé admisión" a esta solicitud de las defensas. De otro lado, ha rechazado que el PP-A pida una nueva petición probatoria "más allá de su escrito de acusación", pues para el abogado defensor "el momento procesal concluyó y la acusación debería venir con su ramo probatorio armado y no sorprender, así como tampoco politizar este acto de justicia ante este tribunal".
El abogado del consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que durante su intervención la semana pasada ya criticó que el PP sostuviera la petición de citación a Díaz o Jiménez Barrios "en la pretensión de politizar" el proceso, ha expuesto que las nuevas pruebas pedidas por la acusación del PP-A "sería como un turno de réplica a nuestros escritos de defensas, presentados antes que el escrito de la acusación, o un escrito de acusación bis".
"De admitirse esta práctica, el tribunal nos tendría que dar --a las defensas-- un turno de dúplica para proponer pruebas en referencia a las pruebas que solicita la acusación", ha advertido el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda, añadiendo que las pruebas testificales solicitadas por el Partido Popular son "improcedentes".
MAR MORENO Y JIMÉNEZ BARRIOS
Con respecto a la solicitud del PP-A para que testificara también la exconsejera de Presidencia y actual senadora socialista María del Mar Moreno --que figuró tiempo atrás como imputada ante el Tribunal Supremo por los hechos en cuestión-- por el "amplio conocimiento" demostrado respecto al asunto y al actual vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, porque como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el Ayuntamiento que encabezaba fue beneficiario de una de las ayudas concedidas en el marco del procedimiento investigado, la Fiscalía sí considera que procede citar como testigos a la actual senadora socialista y al vicepresidente del Gobierno andaluz, éste por "el general conocimiento de ayudas sobre concertación social".
Frente a esta postura del fiscal, las defensas de los acusados también han rechazado citar a Jiménez Barrios y Mar Moreno, así como todos los nuevos testigos pedidos por el PP-A, utilizando los mismos argumentos que para defender su oposición a la testifical de Susana Díaz.
