La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha rechazado las alegaciones del recurso de alzada impulsado por la asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) contra la autorizacióm ambiental unificada (AAU) para la ejecución del proyecto de rehabilitación del cortijo 'Las Chiqueras', ubicado en la bahía de Genoveses, donde se prevé un hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, piscina y aparcamiento.
La Administración autonómica da por "ajustada a derecho" la resolución favorable al proyecto turístico emitida el 19 de octubre del pasado año tras rechazar las seis alegaciones elevadas por el colectivo conservacionista, desde el que se ha reiterado en las últimas semanas la postura contraria a este proyecto con una manifestación en Almería.
En su resolución, consultada por Europa Press, la Junta de Andalucía se remite de nuevo a las consideraciones que tuvo en cuenta a la hora de otorgar la autorización ambiental frente a las alegaciones de los ecologistas, quienes rechazaron que el proyecto tuviera justificación de "interés público y social" conforme a la normativa vigente.
Sobre este asunto, reitera la Junta que la tramitación y aprobación como "de interés público y social" le "corresponde en todo caso al Ayuntamiento" en base a la Lista, que regula las actuaciones extraordinarias en suelo rústico que pueden o no implantarse "con carácter extraordinario" y "siempre que no estén expresamente prohibidas por la legislación o por la ordenación" vigente, entre otros aspectos.
Con ello, desde la Consejería de Medio Ambiente se ha recordado que la autorización ambiental otorgada está "condicionada" a la obtención de la declaración de proyecto "como de interés público social", toda vez que es "competencia del Ayuntamiento correspondiente la tramitación y posterior autorización del proyecto" en base a la legislación aplicable.
Así, el departamento que dirige la consejera Catalina García también rechaza que la AAU que se vulnere con este proyecto los principios de desarrollo sostenible frente a la visión de Amigos del Parque, para quienes el alojamiento "abrirá la puerta a otros" y "harán que el Cabo de Gata deje de ser lo que ahora mismo es" con efectos sobre la "imagen-marca" de un espacio que es "uno de los referentes del turismo eco-responsable de Andalucía y el litoral mediterráneo europeo". "Ahora que no hay ladrillos es el momento de rectificar", apuntaban.
La Junta recuerda que ya valoró este aspecto a la hora de conceder su autorización ambienta e incide en que para este tipo de proyectos es preciso contar con una edificición previa fuera de las zonas delimitadas como urbanas que, de cara a su rehabilitación con fines turísticos, debe tener unas características constructivas "integradas en el paísaje".
En este sentido, se trata de apuntalar un modelo dentro del parque natural con alojamientos que puedan ubicarse en zonas compatibles con dicha rehabilitación en el PORN, esto es, en zona de cultivos agrícolas (C1) o en zona de áreas seminaturales con cultivos tradicionales (B2).
"Varios son los cortijos emblemáticos que se han rehabilitado desde que se declaró el Parque Natural hace más de 30 años, todos situados en suelo no urbanizable y todos bajo el control técnico ambiental y de las distintas administraciones competentes", expone la Junta.
En este sentido, destaca que la "mayoría" de este tipo de alojamientos cuenta "con una media de 10 o 15 habitaciones, y en menor medida los que superan las 30 unidades de alojamiento", de modo que "todas las rehabilitaciones hasta ahora, han contribuido a mantener la arquitectura tradicional, el paisaje o la cultura etnográfica de Cabo de Gata-Níjar".
La Junta también niega acordar la "inviabilidad" de la actuación en base a los criterios planteados por Amigos del Parque, quienes sostienen que el proyecto de evaluación ambiental no realiza una adecuada valoración de las diversas alternativas de ubicación para esta actividad, basada en un "establecimiento turístico de carácter rural".
Desde la Secretaría General Técnica se apunta que el proyecto presentado por la empresa 'Torres y González Díaz' SL incorpora un estudio de las distintas alternativas que "han sido analizadas y evaluadas", de manera que "ha cumplido con la normativa exigida" para la correspondiente tramitación de proyecto en este punto.
Para los ecologistas, el proyecto se ampara en una normativa ambiental que "no está en vigor", puesto que "el PRUG de Cabo de Gata esta caducado desde 26 de marzo de 2016", sin embargo, la Junta alega que, en base al decreto-ley de simplicación administrativa, dicho plan "tendrán vigencia" hasta la aprobación de otro plan que lo sustituya.
De otro lado, cuestionan los aspectos relacionados con la "fábrica museo" incluida en el proyecto, "en especial con la celebración de eventos multitudinarios en la misma"; cuestión ante la que Junta recuerda que el establecimiento "cuenta con las autorizaciones pertinentes en materia de medio ambiente en el marco de un proyecto de actuación que fue declarado de interés público por la administración local competente".
La Junta, que también considera que ha dado trámite de audienca al dictamen ambiental correctamente, rechaza también la alegación de Amigos del Parque en cuanto a que el proyecto "supone un atentado contra la protección legal en materia del paisaje" y recuerda que esta cuestión ya fue abordada en la propia autorización.
Así, recuerda que dentro de las medidas preventivas se adoptarán las necesarias durante el periodo de explotación del proyecto, que "garanticen la preservación de la singularidad del paisaje natural, agroambiental y cultural existente en el conjunto de la finca El Romeral en el que se encuadra el cortijo 'Las Chiqueras'" para lo que además la actividad "ecoturística" se integrará "con los valores naturales y paisajísticos como un "único sistema que incluye el carácter antrópico, ecológico y paisajístico del Parque Natural, que se debe proteger."
Cabe recordar que Amigos del Parque junto al Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) recurrieron ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la autorización ambiental concedida tras casi ocho años de tramitación, en la que se incluyó la modificación del proyecto inicial presentado por el promotor para eliminar dos nuevas edificaciones para 13 habitaciones y uno de los aparcamientos previstos.
