La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas a varios festivales de música al aire libre, incluyendo eventos en Torremolinos y Almería, por supuestas "malas prácticas". Esta acción se suma a las denuncias previas contra otros festivales, ampliando la lista de eventos bajo escrutinio.
Los festivales recientemente denunciados son el FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (que se celebra en Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), el Sonórica (Castro Urdiales) y el Zevra Festival (Cullera). Estos se añaden a los ya denunciados Bilbao BBK Live y Fortaleza Sound (Lorca), sumando en total siete eventos en la lista de la OCU.
SUPUESTAS MALAS PRÁCTICAS
Según la OCU, los abusos constatados en estos festivales podrían haber afectado a hasta 947.000 asistentes. Entre las malas prácticas denunciadas se incluyen:
Cobro de tasa para recuperar saldo en pulsera 'cashless': Los festivales cobran entre dos y tres euros para recuperar el saldo no utilizado en la pulsera 'cashless', un monedero electrónico recargable. Además, imponen plazos cortos para reclamar la devolución, permitiendo un enriquecimiento injusto del promotor.
Tasa por reingreso al festival: Se cobra una tasa adicional para permitir a los asistentes salir y volver a entrar al evento.
Prohibición de entrada con alimentos y bebidas: A pesar de que la normativa de varias autonomías lo permite, la OCU considera esta práctica abusiva, ya que el foco del festival es artístico y musical, no alimentario.
Cobro por vasos reutilizables: Algunos festivales cobran por los vasos reutilizables sin ofrecer la posibilidad de reembolso, o por el 'alquiler' de vasos para beber agua potable.
REACCIONES Y MEDIDAS SOLICITADAS
Ante esta situación, la OCU urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas implicadas a imponer las sanciones establecidas y a obligar a las empresas a devolver los cargos indebidos. Además, la organización demanda que el Ministerio de Consumo desarrolle una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a estos eventos y establezca compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.