La Fiscalía Provincial de Almería ha detectado un "ligero crecimiento" del 3,6% con "numerosos procedimientos" por "hechos muy graves" como agresiones y abusos sexuales y un "leve descenso" del 7,5% en homicidios y asesinatos, si bien advierte de que los "índices son muy elevados".
La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de 2022 indica que un gran porcentaje de estos delitos "tienen lugar en el ámbito de la violencia de género y familiar" y también vincula algunos de estos crímenes "con la delincuencia organizada".
Con respecto a los delitos contra la libertad sexual, el Ministerio Público traslada que abarca "todas las modalidades delictivas, tanto agresiones como abusos sexuales, víctimas tanto mayores como menores de edad, corrupción, prostitución, exhibicionismo, trata de seres humanos" y remarca "especialmente" que, "en gran parte", las víctimas de estos delitos "sean menores de edad".
La memoria, consultada por Europa Press, alude, asimismo, a un aumento del 9,29% de los casos penales por delitos contra el patrimonio y, sobre todo, robos con violencia e intimidación con un (34,78% y hurtos con 24,13%
La Fiscalía Provincial también destaca en su radiografía del curso 2022, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, la presencia de plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, "normalmente con enganches ilegales de electricidad".
Añade que "lo más preocupante" es que "habitualmente se custodian por personas armadas por las bandas organizadas que son los titulares de las plantaciones", si bien matiza que este año habría descendido el número de estos delitos.
ACUSADO DESCENSO EN EL DECOMISO DE MARIHUANA
La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía considera que merece la pena destacar el decomiso en Almería de 172.023 kilos de plantas, frente a las 567.331 kilos de 2021. La explicación de este descenso, según la fiscal delegada de Almería y traslada el documento, "puede estar motivado por las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas sobre plantaciones de cannabis en invernaderos de la provincia que se presentaban como plantaciones de supuesto cáñamo industrial".
"Tales actuaciones han originado un descenso vertiginoso de esas plantaciones y existe un ambiente, constatable policialmente, de espera al resultado judicial de los procedimientos incoados para continuar o no con este tipo de actividades", señala.
Al hilo de esto, alerta, no obstante, "de la magnitud del fenómeno y el grave problema de seguridad ciudadana" que supone, debido, según subraya, a los delitos conexos como "daños dolosos en los inmuebles, defraudaciones de fluido eléctrico que dan continuidad a los problemas de corte de suministro en barriadas enteras, u ocupaciones de inmuebles".
La Fiscalía indica que en los procedimientos judiciales penales es frecuente "la intervención no sólo de la droga, también de importantes cantidades de dinero, vehículos y armas de fuego" y hace referencia a que "las plantaciones se encuentran con múltiples medidas de seguridad con refuerzo de vallado perimetral, sensores de movimientos y cámaras de visión nocturna, o sistemas de videovigilancia".
"El número de encartados y el número de delitos colaterales al tráfico de drogas aumenta la complejidad de unas diligencias que, por lo general, son enjuiciadas ante el Juzgado de lo Penal, con los inconvenientes que ello supone, en cuanto a espacio, la dificultad en los señalamientos, además de los problemas procesales más propios de asuntos seguidos por delitos que tienen mayor penalidad", añade.
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
En el caso de Almería, el Ministerio Público también hace referencia a que, "un año más", los delitos de prevaricación administrativa, así como los de malversación y cohecho, "que suelen ser de gran complejidad", destacan. Apunta, especialmente, a los delitos de prevaricación urbanística
Los datos sobre delitos medioambientales que aporta revelan que se han tramitado 30 diligencias de investigación penal que han motivado seis denuncias judiciales, 18 que fueron archivadas al no considerar los hechos constitutivos de delito, por estar judicializadas o por acumularse a otras diligencias de investigación en tramitación.
Por otro lado, se han incoado 41 procedimientos judiciales, de los cuales seis han sido por delito contra la ordenación del territorio, cinco por delito contra el medio ambiente, nueve por delito de flora y fauna, seis por delito contra el Patrimonio Histórico, diez por incendios forestales y cinco por malos tratos a animales domésticos.
Al tiempo, se han formulado 21 escritos de acusación que se desglosan en cinco por delitos contra la ordenación del territorio, uno por delito contra el patrimonio histórico por la destrucción de un pozo catalogado, 13 por delitos contra la flora y fauna, dos por maltrato de animal doméstico y uno por delito de incendio forestal.
El número de sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial asciende a 22 mientras que no consta la ejecución de demoliciones.
La memoria destaca la labor investigadora de la Fiscalía Provincial tras la recepción de denuncias desde la Agencia Española de Protección de Datos, estafas agravadas y defraudación con escritos de Acusación que alcanzan la cifra de 51, 35 de ellos por delitos de estafa, nueve relativos a la pornografía infantil, dos por difusión no consentida de imágenes íntimas, además de un caso de embaucamiento de menores y otro de daños informáticos.
Con respecto a los delitos económicos, la Fiscalía señala que, ante "la carga de trabajo que viene sufriendo", se estima necesaria la creación de nuevas plazas y traslada que "la inmensa mayoría de causas seguidas por defraudación de la Seguridad Social siguen circunscribiéndose al ámbito del cobro indebido de prestaciones a través de la creación de contratos de trabajos supuestos, ya sea mediante la creación de empresas ficticias, ya sea mediante la utilización normalmente desautorizada de empresas reales".
"Además, subsisten algunos casos de simples deudas de la Seguridad Social que superan el límite de 50.000 euros pero, en la mayoría de los casos, se produce el reconocimiento de los hechos con la imposición de pena por conformidad", remacha para destacar "la colaboración sostenida con la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado".
