El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular con la cual la Cámara autonómica expresa "su total rechazo" al Real Decreto sobre el Plan Hidrológico de Tercer Ciclo del Tajo (2022-2027) tras esgrimir "el perjuicio económico, laboral y demográfico a la provincia de Almería" que supone el criterio seguido para determinar el caudal ecológico en el Tajo, para el que ha planteado que "se deberían tener en consideración criterios técnicos y jurídicos, en lugar de políticos e ideológicos".
La iniciativa ha contado con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
La iniciativa del PP, que ha defendido la parlamentaria Maribel Torregrosa, se retrotrae a los orígenes del trasvase Tajo-Segura, que comenzó en 1967 con la obra de ingeniería para llevar agua del río Tajo al río Mundo, afluente del Segura, a través del embalse de Talave y que fue en 1979 cuando por primera vez se hizo ese traspaso de aguas, señala que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de enero de 2023 los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para el reparto de los recursos hídricos en España hasta 2027.
El PP ha recordado que en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 2022-2027 el Gobierno ha decidido un recorte de 105 hectómetros cúbicos en el agua trasvasada a la zona agrícola de Alicante, Murcia y Almería sobre los 290 que recibían, mientras que ha puesto de manifiesto que "el Tajo no tenía reconocido caudal mínimo ecológico", que ahora sí, con el añadido de que el caudal fijado "no venga refrendado por informes técnicos" porque "tan solo se han tenido en cuenta criterios políticos".
"Andalucía no niega la existencia de un caudal mínimo ecológico, lo que no concibe es el volumen del mismo, ya que con 6 metros cúbicos por segundo sería suficiente y el trasvase Tajo-Segura sería viable, tal y como si establecen diversos estudios científicos", ha argumentado la Proposición no de Ley del PP.
El PP ha recordado que en el Consejo Nacional del Agua, celebrado en noviembre de 2022, "se propuso fijar un caudal ecológico de 7 metros cúbicos por segundo en el río Tajo a su paso por Aranjuez desde la entrada en vigor del nuevo plan y condicionar los incrementos progresivos hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo al cumplimiento de los objetivos ambientales", aunque ha explicado que posteriormente "se votó un texto in voce presentado por el responsable del Ministerio que modificaba la propuesta inicial", hecho que provocó "una enorme confusión".
La Proposición no de Ley del PP-A sostiene que "alcanzar el buen estado en el río Tajo debería ser compatible con satisfacer las demandas en la Cuenca del Segura", mientras que considera que hay otras medidas que permitirían mejorar el estado del Tajo, entre las que enumera "la mejora del tratamiento de aguas residuales o de la eficiencia en el uso del agua, la modernización de regadíos".
"Son innumerables los perjuicios que conllevarán en Almería, Murcia y Comunidad Valenciana este recorte, supone la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo directos y 25.000 hectáreas de cultivo y se verán afectadas más de 120.000 personas", sostiene el PP para fundamentar su rechazo al trasvase Tajo-Segura, datos a los que suma "la pérdida de 18.000 millones de euros en la balanza de exportaciones nacionales, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante".
En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Juan Antonio Lorenzo ha indicado que los socialistas podrían estar "de acuerdo" con esta iniciativa si no fuera porque está "plagada de falsedades" y hace "bandera de la confrontación", según ha criticado antes de negar "credibilidad" al PP y de subrayar que "los detalles importan", al igual que "lo que dicta el sentido común", las indicaciones de los expertos y "las resoluciones judiciales que se han dictado", ha añadido.
En esa línea, ha llamado a "ser responsables", y a tener en cuenta que "hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo obligan a fijar un caudal ecológico para el Tajo" que "el Gobierno está obligado a cumplir", y ha subrayado que "los nuevos planes hidrológicos se elaboran teniendo en cuenta el contexto actual, que es que estamos dentro de una crisis climática". Además, ha remarcado que por parte del Estado se estudian alternativas y prevén inversiones por valor de "125 millones de euros" para la provincia de Almería con las que aportar "40 hectómetros cúbicos más de agua".
En representación de Vox, el diputado Rodrigo Alonso ha comenzado su intervención aludiendo al "clamor del Levante español" derivado de la "desesperación" y la "impotencia" porque, según ha sostenido, "por culpa del fanatismo climático del Gobierno de España y de todos los partidos salvo Vox", se van a "perder miles de hectáreas y de empleos", y por "ver cómo los políticos se lanzan las culpas los unos a los otros sin solucionar ninguno de ellos el grave problema de la distribución del agua en España", que requiere "llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta". "Es así de sencillo, y siempre lo hemos defendido desde Vox", ha remarcado al parlamentario reivindicando el principio de "solidaridad" entre regiones.
Por último, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha comenzado reconociendo que "la realidad que vivimos es claramente alarmante" por la situación de "sequía muy grave" que se vive, pero ha sostenido que desde el PP "están engañando" a agricultores y regantes "vendiéndoles un agua que no existe", porque "nuestros embalses están prácticamente vacíos, y no se puede prometer un agua que no hay", según ha incidido antes de lamentar que, a unos meses de las elecciones municipales, desde el PP quieran "vender humo para ganarse adeptos da igual dónde y cómo", y de tachar la iniciativa 'popular' como "un producto más del marketing político al que el Gobierno del PP nos está acostumbrando" y vinculado a su "estrategia de confrontación" contra el Ejecutivo central.
