Piden a Cultura que cubra las vacantes ante centros que "agonizan" sin personal

Trabajadores de la Delegación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Granada se han concentrado este lunes ante la Junta de Andalucía para reclamar que se cubran las vacantes en museos, archivos, centros de documentación y bibliotecas, que "agonizan" por falta de personal.

El comité de empresa de Cultura ha advertido de que un tercio de las plazas de estos centros se encuentran "desdotadas" y que, además, el promedio de edad de la plantilla, superior a 58 años, hace que las bajas por enfermedad sean numerosas y muy largas en ocasiones.

El promedio de edad del personal hace también que, en poco tiempo, buena parte del personal estará jubilado y tampoco se están cubriendo las vacantes por jubilación ni siquiera en el 10 %.

Según los convocantes, esto provoca que se incremente la carga de trabajo sobre los trabajadores que se encuentran en sus centros, haciendo que algunos de estos estén buena parte del año "bajo mínimos", a veces incluso a punto del cierre y que solo se mantengan activos por el buen hacer de la plantilla.

Esto afecta a tres museos, dos archivos, dos bibliotecas y un centro de documentación especializado (Centro de Documentación Musical), además de los yacimientos arqueológicos (Cerro de la Encina, Montefrío y Cerro de la Virgen en Orce), más las dependencias generales de la Delegación.

Los medios humanos resultan fundamentales en los centros culturales, no sólo para su mantenimiento, si no para poder atender a las personas que los visitan con la calidad que se merecen.

"La cultura no es propiedad de la Junta de Andalucía, es un servicio público que tiene obligación de preservar, cuidar y mostrar. Sin embargo, con la escasez de personal se hace difícil mantener un servicio público de calidad", ha indicado el comité de empresa, que demanda la cobertura inmediata de todas las vacantes.

También un aumento sustancial de la oferta de empleo público para estos centros, para que no sigan "agonizando" por la desidia de la administración y no se desvirtúe el derecho de la ciudadanía a recibir unos servicios públicos culturales de calidad.