Entre las pruebas periciales aportadas por la defensa, se remitió este informe, ratificado por la especialista Clara Isabel Fernández, y que fue “pagado por los padres”, según indicó a Efe su letrado, José Manuel Rodríguez Díaz.
Además, la familia aportó una fotografía reciente del niño, con la que pretende demostrar al juez que no existe una situación de riesgo para el menor en la actualidad.
Cumplido el plazo de cinco días hábiles para la entrega de documentación que acredite que no son responsables de un delito de ocultación y desobediencia administrativa, le corresponde ahora al juez decidir el sobreseimiento del caso o la apertura del procedimiento abreviado y, por tanto, de un proceso judicial.
