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España

Detenido un empresario que tenía trabajando a 14 extranjeros en situación irregular

El detenido, identificado como J.B.M., posee una empresa de montaje e instalación de sonido y había contratado a 14 bolivianos, que carecían de permiso de residencia y trabajo, para que realizasen las labores de traslado y montaje de equipos de sonido en otras provincias andaluzas

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La Guardia Civil informó hoy de la detención de un empresario de Algeciras (Cádiz) como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros ya que, supuestamente, tenía trabajando a 14 personas de nacionalidad boliviana que carecían del permiso de residencia en España y de contrato laboral y que tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Según explicó el Instituto Armado en un comunicado, la operación se inició a principios de octubre, al detectar los agentes cómo un empresario de la localidad algecireña tenía contratados a inmigrantes sin garantías laborales ni sanitarias.

La Benemérita manifestó que el detenido, identificado como J.B.M., posee una empresa de montaje e instalación de sonido y había contratado a 14 bolivianos, que carecían de permiso de residencia y trabajo para permanecer en España, para que realizasen las labores de traslado y montaje de equipos de sonido en otras provincias andaluzas.

JORNADAS DE 20 HORAS

Los trabajadores, que carecían de contrato laboral y de alta en la Seguridad Social, estaban obligados a realizar jornadas de hasta 20 horas, careciendo de las medidas de seguridad para desempeñarlo, y con retrasos en el pago de salario, llegando a deberles parte del mismo.

Según la Guardia Civil, cuando se desplazaban a otras ciudades para realizar trabajos, el detenido les alquilaba una vivienda para que pudiesen pernoctar, careciendo de las condiciones sanitarias exigibles, llegando a dormir los 15 trabajadores en el mismo inmueble careciendo de camas y colchones.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del empresario el pasado día 13, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

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