Además de aportar el número total de alegaciones, la edil quiso destacar otros datos que, a su juicio, “son para tener en cuenta”. Así explicó que el 72,5 por ciento de las alegaciones ha sido presentada por personas que no residen de forma habitual en casas ubicadas en las Áreas de Gestión Básicas. Es decir, por ciudadanos que usan estas viviendas como segunda residencia.
De estas alegaciones un total de 1.833 (alrededor del 30,1 por ciento del total) han sido registradas por personas que residen fuera de la localidad, principalmente en las vecinas localidades de San Fernando y Cádiz. Otro 42,4 por ciento (2.578 alegaciones) ha sido firmado por chiclaneros que tienen su vivienda habitual en otra zona del municipio.
Por tanto, sólo el 27,5 por ciento restante (1.673) es de personas que viven habitualmente en viviendas afectadas por el proceso.
Además, Verdier ha destacado que más de la mitad de las alegaciones (cerca de 3.300), se corresponde a repeticiones (una misma persona presenta dos o más) o distintos miembros de una misma unidad familiar (hasta cuatro o cinco por vivienda). Así se estima que las reclamaciones corresponden como máximo a unas 2.800 viviendas, aunque es una estimación elevada teniendo en cuenta que algunas pueden haber sido presentadas por personas que no tienen viviendas afectadas por el proceso de regularización.
La delegada también ha señalado que el 80 por ciento de las alegaciones (4.920) responden a dos modelos que han sido registrados de forma masiva. El primero de ellos se repite 3.266 veces mientras que el segundo lo hace en 1.654 ocasiones. “Son fotocopias y por eso interpretamos que ha habido dos colectivos o dos personas interesadas en que se presentase esa alegación y han hecho campaña”, explicaba Verdier. El resto también se agrupa en distintos modelos. Así, teniendo en cuenta las registradas por los partidos políticos, federaciones y asociaciones de vecinos y algunas personas a nivel particular se contabilizan una veintena de alegaciones diferentes respecto a su contenido.
Tras este primer estudio, ahora los técnicos municipales pasarán a analizar en profundidad el contenido de los distintos modelos presentados para responder a cada una de estas alegaciones tal y como está estipulado legalmente.
Pese a que hay más de 6.000, los técnicos tendrán que estudiar en total 20 alegaciones, dado que el resto son repeticiones y tendrán la misma respuesta.
“El estudio lo haremos diligentemente, analizando cada uno de los puntos de estas alegaciones y considerando seriamente qué aspectos pueden ser incluidos en la Ordenanza”, ha explicado la delegada de Urbanismo. “Tenemos la intención de incorporar cuantas alegaciones resulten viables técnica y económicamente al documento porque desde el principio hemos pretendido tener un documento consensuado con todas las partes y lo más ventajoso posible para los vecinos”, ha asegurado.
Pese a lo anterior, Verdier confía en que la Ordenanza pueda estar aprobándose de manera definitiva el próximo mes de noviembre. El elevado número de alegaciones no ha amedrentado al equipo de Gobierno, que sigue adelante con el proceso. De hecho, la delegada aseguró que “ya no hay marcha atrás, aunque sí queremos que haya el máximo consenso posible. No hemos pensado en ningún momento en paralizar el proceso, porque hay un número importante de ciudadanos que no nos lo perdonaría porque la regularización es necesaria”, dijo. “No olvidemos -continuó- que hay un colectivo importante de la ciudadanía que está ansioso por que este documento se apruebe, hasta el punto de que tiene la documentación preparada”, concluyó.
El PP no quiere acuerdo
Por otro lado, el PP anunció ayer que “se ve obligado a romper las negociaciones” sobre la Ordenanza “tras comprobar el discurso que dio el alcalde a la Plataforma de afectados” durante el Pleno del jueves. Los populares aseguran que el regidor dijo “una sarta de mentiras” y que por ello “no nos volveremos a sentar para llegar a ningún acuerdo porque no seremos cómplices de las mentiras de este alcalde”, han señalado desde el PP.
